Pachuca.— Un exservidor público reclamó una indemnización tras haber sido privado de la libertad, perder su empleo y posteriormente ser absuelto; su caso dio origen al recurso de revisión 39/2025, resuelto por el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Hidalgo.
El actor, quien se desempeñaba como comandante de la Policía Investigadora, expuso que fue separado de su cargo el 17 de abril de 2013, a raíz de una orden de aprehensión dictada en su contra dentro de la causa penal 79/2013. Tras concluir el proceso penal con una resolución absolutoria, afirmó no haber sido reincorporado ni indemnizado.
Ante este escenario, el 12 de abril de 2023 solicitó formalmente a la Procuraduría General de Justicia del Estado el pago de una indemnización y diversas prestaciones, en la que argumentó la afectación derivada de su separación del cargo y del proceso penal. No obstante, mediante oficio de 24 de abril de 2023, la autoridad negó la solicitud, señalando que no existía una resolución judicial firme que ordenara el pago, además de que en aquel momento se desempeñaba dentro de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo.
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El asunto fue impugnado mediante juicio de nulidad, y el 17 de febrero de 2025, la Primera Sala del Tribunal determinó que la respuesta de la autoridad no era suficiente, al carecer de una debida fundamentación y motivación, en contravención al artículo 16 de la Constitución federal.
Inconforme, la autoridad interpuso recurso de revisión el 13 de marzo de 2025, admitido el 15 de abril del mismo año. Al resolver, el Pleno confirmó que el oficio impugnado vulnera los principios de legalidad y seguridad jurídica, al no justificar adecuadamente la negativa frente a una solicitud que deriva de la actuación estatal.
No obstante, el Tribunal precisó el alcance de la sentencia, si bien se mantiene la nulidad del acto, la autoridad no está obligada a realizar una investigación exhaustiva sobre todos los antecedentes, sino a emitir una nueva resolución debidamente fundada y motivada, en la que analice los elementos planteados y determine expresamente si procede o no el pago de la indemnización.
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