Pachuca.— Carlos Emigdio Arozqueta Solís, exfuncionario en los gobiernos de Omar Fayad y Julio Menchaca, reapareció en la escena pública al asumir la representación de la empresa FAW Trucks México, que denunció por presunta extorsión a Julio Scherer Ibarra, exconsejero jurídico de la Presidencia durante los primeros tres años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y de quien se deslindó la actual presidenta, Claudia Sheinbaum.
Su incursión en un caso de alcance nacional vuelve relevante la revisión de su trayectoria en Hidalgo, marcada por cargos públicos, polémicas laborales y episodios judiciales.
El proceso contra Scherer Ibarra se ventiló semanas después de la publicación de Ni venganza ni perdón, libro que escribió en coautoría con Jorge Fernández Méndez, el cual generó interés público por sus relatos sobre el entorno cercano del expresidente.
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A inicios de abril, Arozqueta se presentó como representante legal y vocero de FAW Trucks México, en una entrevista en la que afirmó que los dueños de la empresa asiática fueron obligados a firmar un reconocimiento de deuda por 370 millones de pesos mediante un contrato ilegal.
Antes de su reaparición pública, en diciembre del año pasado Arozqueta Solís participó en la convocatoria para ocupar el cargo de Fiscal General de la República (FGR). Su nombre figuró entre los 43 aspirantes aprobados por la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados; finalmente, el puesto fue asignado a Ernestina Godoy.
Su último cargo público en Hidalgo fue en la Secretaría Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad Pública. Ingresó en mayo de 2021, durante el gobierno del expriista Omar Fayad, y, pese a la alternancia, se mantuvo 18 meses en el cargo ya en la administración de Julio Menchaca, el primer gobernador emanado de un partido distinto al PRI.
De abogado de Fayad a funcionario de Menchaca
Antes de ocupar cargos públicos, Arozqueta desarrolló su carrera en el ámbito jurídico. Cuenta con una maestría en Ciencias Sociales y Administrativas y una licenciatura en Derecho. De 2002 a 2016 fue director del despacho Arozqueta y Asociados.
Durante la campaña de Omar Fayad a la gubernatura de Hidalgo, participó como su abogado. En junio de 2016 presentó una demanda por daño moral contra el entonces candidato del PAN, Francisco Xavier Berganza, luego de que, en un debate transmitido por televisión estatal, solicitara a Fayad aclarar sus preferencias sexuales. Una jueza resolvió el caso con una sanción económica de 25 millones de pesos y la emisión de una disculpa pública; sin embargo, el también cantante no se retractó.
Entre 2016 y 2018, Arozqueta Solís fue director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH). Durante ese periodo ordenó el desalojo de un edificio ocupado por la delegación federal de la SEP. En un operativo nocturno, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal retiraron documentos y mobiliario del personal.
El entonces delegado, Daniel Fragoso —actual subsecretario de Educación Media y Media Superior—, calificó el hecho como un acto político en su contra.
En su paso por la SEPH, Arozqueta también denunció un posible manejo irregular de 663 millones de pesos destinados al programa Escuelas de Tiempo Completo. A partir de ello, el gobierno estatal inició cuatro procesos penales contra Pablo Pérez Martínez, exsubsecretario de Administración y Finanzas, quien fue sentenciado en 2020 a 10 años de prisión por malversación de recursos.
Tres años después, Pérez Martínez difundió una carta en la que señaló como destinatario final de los recursos a su entonces superior, Francisco Olvera Ruiz.
Arozqueta dejó la coordinación jurídica de la SEPH en noviembre de 2018, tras la presión de trabajadores que denunciaron trato déspota y despidos injustificados. Durante su gestión, alrededor de 30 servidores públicos fueron separados de sus cargos.
Las denuncias laborales resurgieron durante su paso por el Instituto Hidalguense de Competitividad Empresarial (IHCE). En julio de 2020, directores de área lo acusaron de acoso laboral y de impedirles el acceso a sus oficinas; meses después, los funcionarios fueron cesados.
Libró la cárcel
Años antes de entrar al servicio público, en enero de 2011, Arozqueta fue detenido por agentes de la Coordinación de Investigación minutos después de ofrecer una conferencia de prensa en el restaurante Mirage, en Pachuca. Existía una orden de aprehensión en su contra por su presunta implicación en el asesinato de Abel Guerrero García, exalcalde de Ajacuba.
Días después obtuvo su libertad mediante un amparo. Con este antecedente, Arozqueta reaparece ahora en un caso de alto perfil nacional, como representante de una empresa que acusa a uno de los personajes más cercanos al círculo presidencial del sexenio pasado que rompió con el expresidente López Obrador.
sjl