Mixquiahuala.- La síndica del ayuntamiento de Mixquiahuala, Alejandra Gómez Orozco, respondió a los señalamientos realizados por el alcalde Miguel Ángel Peña Flores, y aseguró que su actuación no obedece a intereses políticos, sino al cumplimiento de sus responsabilidades legales.
Acompañada de su equipo jurídico y asesores, la funcionaria afirmó que cuenta con el sustento documental de las denuncias presentadas, así como de diversos procedimientos administrativos iniciados contra funcionarios municipales.
“Hay sustento legal, no vengo con aventuras para decir cosas no ciertas”, enfatizó, al detallar que existen al menos tres carpetas de investigación abiertas. Entre ellas, una con fecha del 22 de julio de 2025 por delitos como uso ilícito de atribuciones, negociaciones indebidas y tráfico de influencias, en contra del titular de la Tesorería municipal. Otra carpeta, con número NUC-12-2026-01834, se refiere a presuntos actos similares en el área de Obras Públicas.
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Asimismo, indicó que también se promovieron seis procedimientos ante el Órgano Interno de Control (OIC), además de un expediente relacionado con una demanda colectiva —identificada como 244/2016— en la que autoridades municipales fueron notificadas para el pago correspondiente.
Gómez Orozco añadió que se inició un procedimiento por presunto nepotismo, derivado de una denuncia ciudadana anónima, así como otro por duplicidad de pagos detectada en ejercicios anteriores. También reconoció que existe un procedimiento administrativo en su contra por responder fuera del plazo legal en un caso específico.
En su posicionamiento, la síndica desmintió las declaraciones del alcalde respecto al funcionamiento de su área. Aseguró que el personal de la sindicatura cumple con sus horarios laborales y registra asistencia, además de que existen bitácoras y reportes de actividades debidamente requisitados.
Sobre los asesores externos, explicó que el abogado Juan Serrano continúa fungiendo como apoderado legal ante el Tribunal de Arbitraje, y que hasta el momento no ha sido notificada formalmente sobre la rescisión de su contrato, el cual —precisó— fue firmado por el propio presidente municipal.
Por su parte, una asesora jurídica que la acompañó señaló que varios asuntos laborales han sido resueltos a favor del ayuntamiento, con lo que rechazó la versión de que los asesores no han obtenido resultados positivos.
Las amenazas
En otro momento, Gómez Orozco denunció haber recibido indirectamente amenazas, luego de que su pareja fuera objeto de mensajes intimidatorios. Indicó que pondrá a disposición de las autoridades los dispositivos correspondientes para las investigaciones.
Finalmente, la síndica reiteró que sus acciones se apegan a lo establecido en la Ley Orgánica Municipal y que su intención es actuar con transparencia. “No me mueve un tema político, lo único que quiero es hacer mi trabajo y rendir cuentas”, concluyó, al tiempo que pidió a los medios de comunicación tratar el tema con responsabilidad para evitar la polarización del conflicto.
magr