Pachuca.— La persona responsable de feminicidio y los deudores alimentarios que acumulen más de tres meses de adeudo, correrán el riesgo de perder la patria potestad de sus hijos o hijas, así lo propusieron diputadas y diputados del Congreso de Hidalgo.
La iniciativa refuerza la sanción para el deudor alimentario que acumule tres meses sin causa justificada y para que quienes cometan feminicidio pierdan la patria potestad sobre sus hijas e hijos.
La propuesta plantea adicionar disposiciones a la Ley para la Familia del Estado de Hidalgo y al Código Penal para el Estado de Hidalgo, con el objetivo de reforzar los supuestos de suspensión y pérdida de este derecho, con el argumento de priorizar el interés superior de la niñez y la protección de los derechos humanos.
Te podría interesar
De acuerdo con el proyecto, se incorporaría una fracción IV Bis al artículo 243 de la Ley para la Familia para establecer que la patria potestad se suspenda por el incumplimiento del pago de alimentos durante tres meses consecutivos o discontinuos en el periodo de un año, sin causa justificada. Además, se mantiene la obligación de seguir cubriendo la pensión alimenticia fijada por un juez.
La iniciativa también propone modificar el artículo 139 Bis del Código Penal estatal para que, además de las penas de 25 a 50 años de prisión y multa por el delito de feminicidio, el responsable pierda los derechos de familia en relación con la víctima y con las hijas o hijos de ésta, incluidos los derechos sucesorios, hasta por el máximo de la pena privativa de libertad impuesta.
El contexto
En la exposición de motivos se señala que la reforma retoma criterios impulsados a nivel nacional a partir de la llamada Ley Monzón, surgida tras el caso de la activista Cecilia Monzón, asesinada en 2022. Dicho antecedente evidenció vacíos legales que permitían a agresores conservar derechos sobre hijas e hijos de sus víctimas.
Las y los legisladores argumentan que la patria potestad no debe entenderse como un privilegio, sino como una función jurídica sujeta al cumplimiento de deberes de protección, cuidado y provisión de alimentos.
Subrayan que el incumplimiento alimentario vulnera derechos fundamentales como la salud, la educación y el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.
Finalmente, sostienen que la iniciativa no implicaría impacto presupuestal, ya que no crea nuevas estructuras administrativas ni órganos especializados, sino que fortalece criterios legales que deberán aplicar las autoridades judiciales competentes.
sjl