Pachuca.— Haideé Franco Moreno, activista y defensora de derechos humanos, integrante de la Unión de Madres Protectoras y actualmente beneficiaria de asilo político en Estados Unidos, denunció revictimización institucional, obstaculización del acceso a la justicia y posibles responsabilidades administrativas al interior de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH).
En conferencia de prensa virtual Franco Moreno explicó que se encuentra bajo protección internacional tras acreditar ante autoridades estadounidenses riesgos derivados de violencia de género, persecución institucional y amenazas vinculadas con su labor en defensa de las infancias, su estatus que le impide regresar a México para atender personalmente los procedimientos legales en curso.
Solicitud ignorada por el Congreso
La activista informó que el 27 de agosto de 2025 envió un correo electrónico formal al Congreso de Hidalgo solicitando audiencia con las comisiones legislativas de Derechos Humanos, Justicia, Equidad de Género y Transparencia, así como una reunión por videoconferencia con quien entonces presidía la Junta de Gobierno.
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Aunque reconoció que ha habido cambios en las titularidades, subrayó que las solicitudes fueron dirigidas a la institución y no a personas en lo individual, por lo que la continuidad administrativa obliga a dar trámite a los comunicados recibidos. Hasta la fecha, aseguró, no ha recibido respuesta formal.
Detalló que el 15 de julio de 2025 presentó una queja ante el Órgano Interno de Control de la Comisión de Derechos Humanos en la entidad contra su presidenta, Ana Karen Parra Bonilla, por presuntos actos de estigmatización, exposición mediática indebida y vulneración al principio de secrecía institucional.
Entre los hechos denunciados precisó que, durante una comparecencia pública el 3 de agosto de 2023, Parra Bonilla habría desacreditado su queja y expuesto información relacionada con el expediente activo CDHH-VG-1113-22, sin que existiera derecho de réplica. Además, afirmó que se le imputó públicamente haber intentado agredir físicamente a la funcionaria, acusación que calificó como grave y carente de sustento probatorio.
“Estos hechos en su conjunto no constituyen incidentes aislados, sino un patrón que debilita el deber de cuidado que Ana Karen debería tener hacia las víctimas”.
La defensora informó que actualmente enfrenta una reposición de juicio oral dentro de la causa penal 530/2020, que habrá de llevarse a cabo el esta semana en el Juzgado de Control relacionada con el presunto agresor de su hijo. La audiencia se desarrollará por vía remota debido a su condición de asilo.
Señaló que el daño emocional, psicológico y económico persiste pese a contar con protección internacional, y sostuvo que la falta de actuación efectiva tanto de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha generado un escenario de incertidumbre jurídica incompatible con estándares de protección internacionales.
“Voy a acudir ante todas estas instancias para que se sepa la manera en mi expediente en donde yo como madre tenía la confianza y la esperanza de que la Comisión Estatal de Derechos Humanos hiciera algo en favor de mi infancia jamás ocurrió.
“Ninguna persona debería haberse obligado a buscar fuera del país las garantías mínimas de seguridad, de dignidad y el debido proceso. Confío en que este Congreso actuará dentro del marco de sus atribuciones y responsabilidades”.
Franco Moreno hizo un llamado directo al gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, para que intervenga institucionalmente y garantice la entrega del expediente al Órgano Interno de Control, así como la emisión de un pronunciamiento formal por parte del Congreso del estado.
sjl