Pachuca.— Con el objetivo de reforzar la protección jurídica de los elementos de seguridad pública, el diputado José Luis Rodríguez Higareda presentó ante el Congreso de Hidalgo una iniciativa para adicionar el artículo 147 Bis al Código Penal estatal, a fin de establecer como agravante el homicidio o las lesiones cometidas contra integrantes de instituciones de seguridad pública cuando el delito se perpetre en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas.
La propuesta plantea que la punibilidad de dichos delitos se incremente en una tercera parte cuando la víctima sea personal policial, de procuración de justicia o de otras instituciones de seguridad pública reconocidas por la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
En la exposición de motivos, el legislador subrayó que la seguridad pública es una función esencial del Estado, prevista en el artículo 21 de la Constitución federal, y que quienes la ejercen se encuentran expuestos de manera permanente a agresiones que ponen en riesgo su integridad y su vida, así como la de sus familias.
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De acuerdo con datos del Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal 2025 del INEGI, en Hidalgo 5 mil 532 personas integran las instituciones encargadas de la seguridad pública, quienes enfrentan riesgos constantes durante el cumplimiento de sus funciones de prevención, investigación y persecución de delitos.
Matan a policías en funciones
El documento también retoma cifras de la organización Causa en Común, que reporta un incremento en los asesinatos de policías en Hidalgo durante 2025, con al menos nueve elementos fallecidos, siete de ellos durante operativos o enfrentamientos con la delincuencia, una cifra superior a la registrada en años anteriores.
Entre los casos citados se encuentran el hallazgo sin vida de una oficial de Seguridad Pública de Cuautepec; el asesinato del director de la Policía Municipal de Tasquillo durante la atención de un accidente vial; así como la muerte de agentes de investigación y policías municipales en hechos violentos ocurridos en Tula de Allende, Pachuca y Mixquiahuala.
Sin cargo al erario
El diputado argumentó que la incorporación de esta agravante no vulnera el principio de igualdad jurídica, ya que se trata de una distinción razonable y objetiva, sustentada en el alto riesgo inherente a la función policial y en la necesidad de fortalecer a las instituciones encargadas de garantizar la paz social.
La iniciativa establece que el decreto no tendría impacto presupuestario, aunque será la comisión legislativa correspondiente la que determine, mediante análisis técnico y jurídico, si es necesario incluir alguna previsión adicional.
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