Tlaxcoapan.— El exalcalde de Tlaxcoapan, Jovani Miguel León Cruz, logró superar un tercer proceso penal, por lo que, de los cinco procedimientos judiciales que enfrentaba, únicamente dos permanecen vigentes, de acuerdo con resoluciones emitidas por autoridades judiciales.
La más reciente determinación se dio este miércoles 21 de enero de 2026, cuando la jueza de control Rosa María Escamilla Reyes aprobó la suspensión condicional del proceso dentro de la causa penal 516/2024, instruida por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, en agravio de la Administración Pública.
En dicha causa figuran como imputados el exedil panista y Julissa Georgina N. Como parte de la resolución, la jueza impuso diversas condiciones, entre ellas residir en un domicilio determinado, no acercarse a la Presidencia Municipal de Tlaxcoapan y someterse a la vigilancia de la Unidad de Medidas Cautelares (UMECA) durante el tiempo que dure la suspensión.
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La autoridad judicial advirtió que, en caso de incumplir las condiciones impuestas, el proceso penal podría reanudarse.
Dos sentencias condenatorias previas
El exalcalde ya cuenta con dos sentencias condenatorias por el mismo delito. La primera fue dictada en abril de 2025, cuando fue sentenciado a dos años y medio de prisión mediante un procedimiento abreviado, por realizar una contratación irregular con la empresa Ara Organización y Servicios de Producción, por un monto superior a 900 mil pesos.
En ese caso, el juez también ordenó el pago de una multa de 83 UMA, equivalente a 7 mil 211 pesos, así como la reparación del daño por 995 mil pesos, depositados a favor de la Presidencia Municipal de Tlaxcoapan.
La segunda sentencia se emitió en diciembre de 2025, cuando un juez de control lo condenó a tres años de prisión y al pago de 50 UMA como sanción económica, sin que se ordenara reparación del daño.
Contexto
Jovani Miguel León Cruz ocupó la presidencia municipal de Tlaxcoapan del 5 de septiembre de 2016 al 4 de septiembre de 2020. Los procesos penales en su contra derivan de presuntas irregularidades cometidas durante su administración.
El delito de uso ilícito de atribuciones y facultades está contemplado en el artículo 309 Ter del Código Penal, el cual establece penas de uno a ocho años de prisión, así como multas que van de 50 a 250 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
Con las resoluciones emitidas hasta ahora, el exalcalde ha logrado enfrentar tres de los cinco procesos penales iniciados en su contra, mientras que dos causas permanecen aún en trámite judicial.
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