Pachuca.— El diputado local, Francisco Javier Téllez Sánchez, del Partido del Trabajo (PT) propuso una reforma a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Hidalgo que, de ser aprobada, permitiría la inhabilitación permanente para ejercer cargos públicos a quienes causen daños graves al erario.
La iniciativa busca reforzar las sanciones que se imponen a los servidores públicos que incurren en alguna falta grave. La propuesta plantea modificar el artículo 76 para establecer que, además de la inhabilitación temporal ya contemplada, se incluya la posibilidad de inhabilitación permanente cuando el daño ocasionado al erario supere quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
Contexto actual
De acuerdo con el diputado, actualmente, la ley contempla la inhabilitación temporal de uno a 10 años para faltas graves donde el daño no exceda 200 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Si la afectación supera ese monto, la sanción aumenta a un rango de 10 a 20 años.
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En la propuesta se mantiene el rango de 1 a 10 años si el daño no excede 200 UMAs. De 10 a 20 años se aplicaría si la afectación excede las 200 UMAs, pero no supera las 500 UMAs y se adiciona una nueva sanción de inhabilitación permanente para quienes causen un daño superior a las 500 UMAs.
¿Qué lo hace necesario?
El diputado argumenta que las auditorías han revelado un manejo irregular de recursos que exige una acción firme, ya que los procesos largos y las sanciones débiles a menudo no logran disuadir la reincidencia.
El legislador Francisco Téllez expuso que la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH) reportó en la Cuenta Pública 2023 un monto pendiente por solventar de 346 millones de pesos, resultado de errores, omisiones y deficiencias en controles internos.
A lo anterior se suman las 180 sanciones administrativas aplicadas por la Contraloría estatal y las 103 multas impuestas por el Instituto de Transparencia (ITAIH) a servidores públicos por incumplimientos reiterados en materia de transparencia.
Datos y no hipótesis
A lo que subrayó que se trata de “datos y no de hipótesis. Son realidades que ya afectan la confianza ciudadana y el patrimonio de los hidalguenses”, señaló Francisco Téllez.
De acuerdo con el legislador, la medida busca cerrar espacios de impunidad y garantizar un efecto disuasivo real frente a irregularidades graves en el manejo de recursos públicos. “La sociedad hidalguense reclama claridad y firmeza: no podemos permitir que quienes ocasionen perjuicios patrimoniales severos regresen a ocupar cargos en la administración pública”, expuso.
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