HIDALGO.- El presidente municipal de Epazoyucan, Hidalgo, Carlos Montaño Rodríguez fue vinculado a proceso penal por un hecho que se encuentra asentado en la ley de delitos electorales y podría alcanzar una pena de prisión si es señalado culpable.
No obstante, pese al proceso penal que le fue iniciado desde hace un mes y apenas se realizó la continuación de la audiencia, el juez que fue asignado estableció que el presidente municipal podrá seguir en libertad hasta que se cumpla el plazo complementario de la investigación, aunque deberá firmar periódicamente para monitoreo.
Sin embargo, a la vinculación a proceso a la que se le imputó al alcalde de Epazoyucan, se le sumaría todavía otro proceso en el Congreso local, pues recientemente fue pedido que sea sometido a juicio político por su labor en el ayuntamiento que preside.
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El funcionario apenas en este mes de septiembre de 2025 cumpliría su primer año en labores desde que fue electo y tomó protesta a su cargo, lapso de tiempo en el que ya enfrenta un proceso penal.
Por este delito, vinculan a proceso a alcalde
De acuerdo con lo expuesto por el juez, fue el miércoles 4 de junio de este año cuando Lorena CL en su carácter de regidora suplente del ayuntamiento de Epazoyucan ingresó una denuncia contra el alcalde Carlos Montaño Rodríguez, pues acusó que este le impidió tomar protesta aún sabiendo que se encontraba de maternidad.
El presidente municipal habría retrasado la llegada de la funcionaria, lo que ella consideró como violencia política en razón de género, lo que fue procedente y por ello se llamó citar al funcionario señalado para que sostuviera su audiencia inicial, misma que fue pausada y ayer miércoles 9 de julio se retomó.
Fueron tres horas las que duró la comparecencia ante el juez y quien analizó pruebas y datos aportados por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) donde se asentaron los actos que habría cometido de manera reiterada e injustificada, por lo que el jurista pudo decidir.
La determinación del juez de control fue que el alcalde actuó con conocimiento de causa al omitir el procedimiento legal correspondiente, lo que derivó en la apertura formal del proceso judicial en su contra y por ello estableció la vinculación a proceso, aunque con medida cautelar de firmar.
El funcionario público deberá acudir hasta la unidad de medidas cautelares de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH) para presentarse cada 15 días durante un plazo de tres meses en lo que se desarrolla la etapa de investigación complementaria, tras lo cual se dará una resolución final.
El caso que se le sigue al edil podría representar un precedente relevante en la lucha por el respeto a los derechos político-electorales, pues se evidenciarían prácticas institucionales que perpetúan actos discriminatorios, de acuerdo con expertos, aunque todavía falta que se dé la resolución final del jurista.
Congreso igual va contra presidente municipal de Epazoyucan
La vinculación a proceso por el presunto delito de violencia política en razón de género hacia una regidora no es lo único que enfrenta Carlos Montaño, ya que el martes 17 de junio la diputada de Nueva Alianza Hidalgo (NAH) Mónica Leanett Reyes Martínez presentó ante el Congreso un caso más en contra.
Específicamente, la legisladora solicitó un juicio político contra el presidente municipal de Epazoyucan, ya que asentó hay pruebas e indicios de posibles actos de corrupción, como compras a sobreprecio, nepotismo en la nómina de trabajadores y otros hechos que él habría cometido en su gestión; sin embargo, el asunto no ha avanzado.
Él es Carlos Montaño
Carlos Montaño Rodríguez es licenciado en ciencias políticas y cuenta con 41 años de edad; fue candidato a alcalde de Epazoyucan por Morena y Nueva Alianza en las elecciones de 2024, mismas que ganó con 3 mil 417 votos sobre sus seis rivales; tomó protesta el jueves 5 de septiembre de dicho año y en este 2025 cumplirá su primer año.
En ese sentido, la Ley General en Materia de Delitos Electorales establece que comete el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género quien impida que mujeres electas o designadas a cargo público rindan protesta o ejerzan libremente, lo que amerita pena de hasta seis años de prisión y multa.
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