Pachuca.— Diputados y diputadas locales proponen endurecer las penas para quien declare con falsedad y cometa perjurio ante la autoridad.
Miguel Ángel Moreno Zamora, Andrés Velázquez Vázquez, Lizbeth Iraís Díaz Islas, Juan Pablo Escalante Urban, José María Alejandro Pérez Ramírez, Jorge Argüelles Salazar, Arturo Gómez Canales, e Hilda Miranda Miranda propusieron derogar el artículo 313 y agregar un artículo 313 bis en el que se establezca la obligación legal de conducirse con verdad en un acto ante la autoridad o ante fedatario público, en caso contrario se impondrán sanciones más severas.
Actualmente el Código Penal para el Estado de Hidalgo establece una pena de tres meses a dos años de prisión, a quien rinda un testimonio falso y los diputados antes mencionados buscan incrementar la pena de año y medio a cinco años de prisión y el pago de una multa que va de 100 a 500 días.
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A decir de los legisladores, actualmente se consideran penas mínimas y se cuenta con un marco jurídico limitado, por lo que ha disminuido el efecto preventivo y punitivo frente a una conducta que puede causar graves daños procesales y humanos, especialmente, cuando se instrumenta para proteger culpables o perjudicar inocentes.
En la justificación, los legisladores señalaron que el objetivo es fortalecer la credibilidad del sistema de justicia, tanto judicial como administrativo, y evitar la obstrucción de la justicia por declaraciones falsas, informes alterados o testimonios manipulados.
La iniciativa surge de la alta percepción de inseguridad e impunidad en México y en Hidalgo, donde la población a menudo no denuncia o proporciona información falsa.
La iniciativa también plantea sancionar con más severidad a funcionarios públicos que cometan este delito en el ejercicio de sus funciones, de tal forma que incluye medidas complementarias como la inhabilitación y la reparación del daño, y ofrecer un incentivo limitado a la retractación oportuna (con excepciones para servidores públicos).
A decir de los legisladores, otras entidades federativas ya aplican penas más altas por perjurio y falsedad.
Los legisladores consideran que el perjurio y la falsedad ante la autoridad no son faltas menores, sino delitos que lesionan gravemente la justicia, la legalidad y la confianza en las instituciones públicas, por lo tanto, es necesario que su sanción refleje la real gravedad que genera en lo social y jurídico.
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