Pachuca.— Mujeres migrantes padecen “violencia severa” en territorio mexicano, así lo reveló Isabel Sepúlveda Montaño, directora del Centro de Justicia para Mujeres de Hidalgo (CJMH) y el estado no escapa de esa situación.
La funcionaria comentó que el Centro de Justicia mantiene puertas abiertas a las mujeres migrantes, aunque representan un porcentaje menor dentro del total de atenciones, en lo que va de 2025 van cuatro registros y en 2024 fueron 10.
Dichos números representan que son de nacionalidad extranjera el uno por ciento de las mujeres que acuden al Centro, una cifra que no ha aumentado a pesar de la situación migratoria a nivel nacional.
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Las nacionalidades predominantes entre las mujeres migrantes atendidas son hondureñas, salvadoreñas, colombianas, venezolanas, peruanas y cubanas.
Isabel Sepúlveda destacó que, a diferencia de otras usuarias que buscan apoyo por violencia económica o pensión alimenticia, las mujeres migrantes llegan al centro con problemáticas de violencia severa o extrema.
Los casos reportados por estas mujeres extranjeras suelen estar relacionados con delitos de alta complejidad, como la trata de personas y la violencia sexual, a decir de Isabel Sepúlveda, las situaciones implican un riesgo inminente para la vida de las víctimas, lo que demanda una respuesta inmediata y especializada por parte del centro.
Delitos cometidos en territorio nacional
Aclaró que todos los delitos que motivan la solicitud de apoyo por parte de las mujeres migrantes han sido cometidos dentro del territorio mexicano, incluyendo el estado de Hidalgo.
La directora del centro comentó que en Hidalgo sí se han registrado incidencias de este tipo, pero son casos confidenciales debido al peligro que enfrentan las víctimas.
Ante la gravedad de los casos, el Centro de Justicia para Mujeres activa de inmediato protocolos de seguridad, de tal forma que en ocasiones son enviadas a refugios de alta seguridad, incluso fuera del estado de Hidalgo, especialmente cuando los casos involucran situaciones de narcomenudeo o trata de personas.
Cuando las mujeres migrantes tienen parejas vinculadas con actividades delictivas, la necesidad de alta seguridad se acentúa -explicó la directora del Centro- aunque las víctimas no hayan participado activamente en el delito.
La decisión sobre el regreso al país de origen de la mujer o su permanencia en México se analiza en coordinación con la fiscalía, buscando siempre la opción más segura y garantizando la existencia de redes de apoyo confiables.
sjl