Pachuca.— El 9 de junio de 2025, Jesús N fue detenido en Tecozautla, Hidalgo, mientras conducía una combi rotulada con el número 11, de color blanca con franjas amarillas y guinda, que cubría la ruta Tecozautla-Cadereyta, Querétaro. La detención se produjo bajo el argumento de que la unidad operaba sin la concesión o permiso correspondiente.
Dos días después, el 11 de junio de 2025, Jesús N fue presentado ante el juez de Control en los juzgados de Huichapan. Allí, se le imputó el presunto delito contra la estabilidad económica, en la modalidad de explotación del servicio de transporte público sin la concesión o permiso requerido.
En la imputación realizada por el agente del Ministerio Público se mencionó que el acusado presuntamente cargaba pasaje y obstaculizaba el paso a colectivas que sí contaban con la concesión de transporte público en el municipio de Tecozautla. Adicionalmente, se le señaló por portar placas sobrepuestas de turismo federal, mientras que en el Registro Público Vehicular (Repuve) figuraban placas distintas.
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Durante la audiencia inicial, el juez de control declaró legal la detención y retención del investigado. Por su parte, el imputado se acogió al término constitucional de la duplicidad, que le otorga 144 horas para preparar su defensa, pero el juzgador le dictó la medida cautelar de prisión preventiva justificada, lo que resultó en su ingreso al Centro de Reinserción Social (Cereso) de Huichapan, Hidalgo, en espera de la resolución de su situación jurídica. La víctima en este proceso fue señalada como la economía del Estado de Hidalgo.
Postura oficial sobre transporte clandestino
La titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte de Hidalgo, Lizbeth Robles Gutiérrez, reconoció que existe una necesidad de servicio en algunas áreas, pero calificó como un "abuso" por parte de quienes ofrecen este tipo de transporte de manera clandestina.
Robles Gutiérrez explicó que cualquier servicio de transporte sin concesión es considerado clandestino; ello a pesar de que algunos operadores irregulares afirman contar con un seguro, este a menudo no es el adecuado para la actividad de transporte público, dejando a los pasajeros en una situación de vulnerabilidad ante cualquier siniestro.
“La falta de un seguro apropiado significa que, en caso de un accidente, los usuarios no tendrían la cobertura necesaria para afrontar gastos médicos o compensaciones”, mencionó.
Lizbeth Robles aseguró que se tiene una política de sanciones en todo el estado contra las unidades que brindan transporte irregular. A pesar de que el número de unidades clandestinas es considerable, la dependencia se mantiene firme en la aplicación constante de estas sanciones, buscando desincentivar esta práctica y garantizar la seguridad de los usuarios, así como la legalidad en el sector del transporte.
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