Pachuca.— Ana Karen Parra Bonilla, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, advirtió que ya no revelará datos de investigaciones abiertas, sobre todo cuando hay dependencias involucradas, pues por esa situación las autoridades requeridas en el caso de Rosaura, una mujer víctima de feminicidio en Azoyatla, dejaron de ser cooperativas.
Entrevistada por representantes de los medios de comunicación, durante la apertura del albergue migrante, la ombudsperson fue cuestionada sobre qué y cuántas autoridades estaban involucradas, a lo que dijo: “Yo ya no les voy a decir, porque la vez pasada por decirles eso (la investigación contra cinco instituciones), las autoridades se me pusieron alertas y ya no tuvieron una buena contestación para la institución”. Sin embargo, no dijo cuáles.
No obstante, señaló que se encuentra dentro de los plazos legales y que, de acuerdo a sus procesos, las investigaciones van bien. Sin embargo, no proporcionó detalles específicos bajo el argumento que el Artículo 72 de la ley se lo impide, pero aseguró que se informará públicamente cuando haya una resolución clara.
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Parra Bonilla explicó que la ley otorga cuatro meses para las investigaciones, con la posibilidad de extender este plazo si es necesario. En el caso de Rosaura, evitó dar detalles sobre el número de entes o personas investigadas, argumentando que revelar esta información previamente ha afectado la cooperación de otras autoridades.
¿Tortura en los Ceresos?
Parra Bonilla también se refirió a los señalamientos que realizaran los seguidores de Armando Mera, Edgar Hernández Dañu y otras personas del Partido del Trabajo que se encuentran privadas de la libertad y aseguró que en el estado no hay tortura para las personas señaladas.
Mencionó que la Comisión realiza visitas a estos espacios y que han recibido testimonios de personas privadas de libertad que se sienten agradecidas y acompañadas por la Comisión. Sin embargo, reconoció que existen áreas de oportunidad en los Ceresos y que se están realizando diagnósticos e intervenciones para mejorar las condiciones.
La presidenta de la Comisión también mencionó que hay una falta de comunicación entre algunas personas privadas de libertad y quienes se manifiestan a su nombre. Aseguró que se trabaja continuamente para salvaguardar la identidad de estas personas y evitar situaciones que vulneren sus derechos.
Sobre el estado de las investigaciones, Parra Bonilla enfatizó que los plazos dependen de la complejidad de cada caso y que prefiere llevar los temas de acuerdo a los procesos establecidos. Evitó dar fechas concretas sobre cuándo se tendrán resoluciones, pero aseguró que se informará al público cuando los procesos estén concluidos.
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