PACHUCA.- Inició de forma oficial el primer procedimiento civil de extinción de dominio en contra de los bienes financieros del ex contralor de la pasada administración, César Román N, así fue dado a conocer en los edictos publicados en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo (POEH).
El juez ordenó la publicación del primer edicto respecto a la promoción presentada por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) en contra del ex contralor César Román N respecto de los activos financieros asegurados por la cantidad de 501 mil 26 pesos.
La demanda presentada por la PGJEH fue radicada bajo el número 1380/2023 y fue iniciada por Ivonne Cruz Cercas como agente del Ministerio Público (PM) adscrito a la Unidad de Extinción de Dominio y Representación Legal dependiente de la subprocuraduría jurídica y de derechos humanos.
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En el documento publicado en el POEH se señala que se hizo una búsqueda del domicilio del funcionario en el gobierno pasado ante el registro federal de electores (RFE), pero no fue exitosa, es decir, no se encontró domicilio cierto, de ahí que se recurra a la notificación por medio de edictos.
Una vez que concluyan las notificaciones por estrados, César Román N tiene 30 días hábiles contados a partir de cuando haya surtido efectos la publicación del último edicto, a efecto de dar contestación a la demanda, acreditar su interés jurídico y expresar lo que a su derecho convenga.
Así es la extinción de dominio
De acuerdo con el Legislativo, la extinción de dominio sólo procede respecto de bienes que han sido instrumento, objeto o producto de los delitos de delincuencia organizada, contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas; al ejercer su acción, el Ministerio Público debe aportar al juicio relativo elementos suficientes para acreditar, en primer lugar, que tuvieron lugar los hechos ilícitos que se adecuan a la descripción normativa de los delitos mencionados, de acuerdo con la legislación penal que sea aplicable para juzgarlos; en segundo, que los bienes objeto del juicio fueron instrumento, objeto o producto de los delitos citados; y, en tercero, en el supuesto de que los bienes se hayan utilizado para la comisión de delitos por parte de un tercero.
De ahí que la tarea del representante social deberá aportar datos que razonablemente permitan sostener que ello se realizó con conocimiento del propietario de los bienes. Así, a falta de pruebas directas, la mala fe debe acreditar diversos indicios que conduzcan al juzgador a la convicción de que el afectado conocía y permitía la comisión de los delitos con sus bienes.
Antecedentes
Cabe recordar que César Román N ha sido mencionado insistentemente en el asunto de la Estafa Siniestra que dio paso al desvío de recursos del Estado en el que participaron dependencias estatales, municipales y empresas presuntamente "fantasma". Sin embargo, no ha sido llamado a ningún proceso penal y por el contrario ha tramitado una serie de amparos para que su nombre no sea mencionado.