Dos ciudadanos promovieron un medio de impugnación ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contra la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo que avaló la validez del proceso de revocación de mandato en la entidad.
El recurso, identificado con el expediente SUP-AG-237/2025, fue presentado por Martín Camargo Hernández y Crispina Barrón Rodríguez, quienes cuestionan la legalidad de la etapa inicial del procedimiento, particularmente lo relativo a la manifestación de intención, el registro de promoventes y el periodo para la captación de apoyos ciudadanos.
En su demanda, los promoventes sostienen que la Ley de Revocación de Mandato de Hidalgo carece de reglas claras para regular esa fase preliminar, lo que —afirman— genera incertidumbre jurídica y dificulta el cumplimiento de los principios constitucionales que rigen los mecanismos de participación ciudadana.
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El tema cobra relevancia porque el proceso exige reunir 236 mil 529 firmas, equivalentes al 10 por ciento del listado nominal, umbral que la propia Sala Superior ya consideró constitucional al resolver el expediente SUP-JDC-2527/2025, criterio que permanece vigente mientras se analiza la nueva impugnación.
No se logró el número de firmas requeridas
Cabe mencionar que el pasado 5 de septiembre de 2025, fecha en que se cumplieron tres años de gobierno de la actual administración, inició el período para que cualquier ciudadano promoviera la revocación de mandato ante el órgano electoral.
En ese sentido, se recibieron diversas solicitudes; sin embargo, no lograron el número de firmas requeridas para avanzar a la consulta que estaba prevista para el 26 de abril de 2026.
De ahí que un grupo de ciudadanos se han dado a la tarea de promover juicios de inconformidad en contra de las reglas de la revocación de mandato.
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