Pachuca.- Después de más de ocho meses de proceso judicial, un tribunal especializado en justicia para adolescentes dictó sentencia condenatoria contra un menor de edad por su participación como coautor en un secuestro agravado ocurrido en enero de 2025 en el estado de Hidalgo.
La resolución fue emitida el pasado 3 de octubre por la jueza del Tribunal Unitario de Juicio Oral Especializado en Justicia para Adolescentes, quien determinó que el joven —cuyos datos permanecen reservados por ley— participó junto con al menos cinco personas más en la privación ilegal de la libertad de un hombre, a quien mantuvieron amarrado, vendado y bajo amenazas de muerte mientras exigían un rescate económico.
De acuerdo con los hechos probados durante el juicio, el 16 de enero de 2025 la víctima fue interceptada cuando se trasladaba en motocicleta. Tras ser golpeada, fue subida a la fuerza a una camioneta y trasladada a un domicilio donde permaneció cautiva durante varias horas. Sus captores exigieron inicialmente dinero a cambio de liberarlo y elevaron el monto conforme avanzaba el tiempo, bajo la amenaza de asesinarlo o desmembrarlo.
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El rescate nunca se concretó. La víctima fue localizada ese mismo día durante un operativo de la Agencia de Investigación Criminal, luego de que agentes escucharan gritos de auxilio provenientes del inmueble. Al ingresar, encontraron al hombre atado de pies y manos, con el rostro cubierto, y aseguraron armas de fuego, cartuchos, cargadores y presuntas sustancias ilícitas. En el lugar fueron detenidas varias personas, entre ellas el adolescente ahora sentenciado.
Durante el juicio oral, el Ministerio Público presentó una serie de testimonios de agentes investigadores, peritos y especialistas, además de la declaración de la propia víctima, quien solicitó rendir su testimonio por medios telemáticos debido al miedo persistente derivado del secuestro. Incluso así, su participación fue interrumpida en una de las audiencias, lo que obligó a reprogramaciones y evidenció el impacto emocional que el delito dejó en él.
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Un dictamen psicológico incorporado al proceso confirmó que la víctima presentaba alteraciones emocionales severas, como miedo, angustia y tensión constante, compatibles con una experiencia traumática de alto riesgo. La jueza consideró que estos elementos, sumados a las pruebas testimoniales y materiales, acreditaron plenamente la existencia del delito de secuestro agravado y la responsabilidad del adolescente.
El proceso no estuvo exento de dilaciones. Hubo suspensiones por la interposición de un juicio de amparo, inasistencias de testigos, reprogramaciones de audiencias y diferimientos tanto del juicio como de la etapa de individualización de la sanción. Aun así, el tribunal concluyó que se respetaron los derechos del adolescente conforme al marco constitucional y a la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.
jgp