Pachuca.— Se queda en prisión preventiva justificada el expresidente municipal de Singuilucan, Marcos Miguel N, quien es señalado de los presuntos delitos de incumplimiento de un deber agravado y por uso ilícito de atribuciones y facultades.
El pasado jueves, miembros del Gabinete de Seguridad de Hidalgo informaron respecto de la orden de aprehensión ejecutada en contra del exalcalde y fue durante el fin de semana que se llevaron a cabo las audiencias iniciales de las causas penales que enfrenta el exmunícipe (1936/2025 y 1937/2025).
La determinación se tomó durante la audiencia de formulación de imputación, realizada en los juzgados de control, donde la agente del Ministerio Público expuso los datos de prueba que sustentan los señalamientos.
Te podría interesar
El Ministerio Público solicitó la medida cautelar de prisión preventiva justificada, bajo el argumento de que el imputado podría evadir la justicia o influir en el desarrollo de las investigaciones.
Las audiencias se desarrollaron de manera independiente, no obstante, en ambos casos los jueces encontraron fundado el planteamiento para que permanezca en prisión preventiva.
Para la continuación de audiencia, el imputado se apegó al plazo constitucional de 144 horas para resolver la vinculación a proceso, por lo que las audiencias se llevarán a cabo el próximo 29 de octubre.
Las imputaciones
De acuerdo con la carpeta de investigación, Marcos Miguel N, en su calidad de presidente municipal durante el periodo 2020-2024, habría solicitado y ejercido 109 millones 645 mil 325 pesos en recursos extraordinarios otorgados por la Secretaría de Finanzas del estado, los cuales presuntamente fueron utilizados en 161 contratos con 22 proveedores, detectándose múltiples irregularidades.
Entre los conceptos facturados se encuentran: sanitización de áreas comunales, papelería y artículos de escritorio, reparación y renta de maquinaria, uniformes y gastos ceremoniales.
Las autoridades ministeriales sostienen que los contratos carecen de soporte documental válido, presentan sobreprecios y simulación de servicios, además de violar los principios de legalidad, eficiencia y honradez en el ejercicio del gasto público.
Regresó 26 millones de pesos
Paralelamente, se le imputó el delito de incumplimiento de un deber legal agravado, derivado de la omisión en el cumplimiento de un laudo laboral dentro del expediente 253/2016, cuyo monto asciende a 16 millones 355 mil 405 pesos con 94 centavos.
Meses antes de su detención, el exalcalde reconoció públicamente haber gestionado y recibido los recursos extraordinarios por más de 100 millones de pesos ante la Secretaría de Finanzas, y aseguró que fueron aplicados a obras y servicios municipales, principalmente en reparación de caminos, seguridad pública y sanitización.
En esa misma entrevista, afirmó haber devuelto 26 millones de pesos a la Contraloría estatal, aunque negó que esto se tratara de un acuerdo para evitar su procesamiento penal. “Estamos cooperando con las autoridades correspondientes y celebramos que se lleven a cabo este tipo de investigaciones”, expresó.
sjl