Pachuca.— Integrantes del colectivo Maguey La Casa de Todos, productores, tlachiqueros, agricultores y activistas sostendrán una reunión con autoridades de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) el 28 de octubre, con el propósito de exponer su rechazo al proyecto del parque fotovoltaico que se pretende construir en los límites de Epazoyucan y Singuilucan, el cual, exponen, provocará un ecocidio y pondrá en riesgo su sustento.
Las comunidades que integran el colectivo, entre ellas Jalapilla, Santa Mónica y Escobillas pertenecientes a los municipios de Epazoyucan y Singuilucan, reiteraron su inconformidad ante la falta de diálogo por parte del gobierno estatal, al que acusa de “hacer oídos sordos”, a sus demandas y de afirmar públicamente que el proyecto “va porque va”, sin haber consultado a los pueblos originarios que habitan en la zona.
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Diálogo pendiente con las autoridades
Los campesinos recordaron que la primera manifestación “Marcha del color del maguey”, se realizó en julio pasado en Pachuca y que posteriormente se trasladaron a la Ciudad de México para exigir un encuentro con la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena Ibarra, quien finalmente les concedió una cita para este martes en las oficinas de Semarnat en Pachuca.
Sin embargo, lamentaron que, a casi cuatro años de gestiones, ninguna autoridad estatal haya acudido a la zona para constatar las condiciones reales del territorio. Mencionaron que tanto el secretario de Desarrollo Económico, Carlos Henkel Escorza, como el comisionado de los Pueblos Indígenas, Prisco Manuel Gutiérrez, y otros funcionarios, han prometido acercamientos y peritajes que nunca se han entregado.
“Nos han dado largas, nos han cerrado las puertas y hasta se han burlado de nosotros. Pero no vamos a dejar de alzar la voz, porque defendemos nuestra tierra, los animales que viven en ella y la vida misma”, al tiempo de aclarar que el movimiento es pacífico y apartidista.
El sustento que nace del maguey
Asimismo, expusieron que los habitantes de la región viven de la producción de aguamiel y pulque, actividades que dependen directamente de la conservación del maguey, planta que consideran parte esencial de su identidad y economía.
“La instalación del parque fotovoltaico implicaría la devastación de al menos 50 hectáreas de magueyeras, además de afectar sistemas agrícolas tradicionales donde se siembran maíz, frijol, avena y cebada. Nos quieren despojar de nuestras tierras para entregárselas a empresas transnacionales que buscan contratos de hasta 30 años, renovables por otros 30 más. No solo es un problema ambiental, también es económico y social. Si destruyen el maguey, nos quitan la vida”.
De cara a la reunión con Semarnat, los vecinos mantienen su esperanza en que el proyecto sea cancelado, se realice un estudio ambiental transparente y se garantice el respeto a los derechos de los pueblos indígenas. “Mañana esperamos una respuesta justa. No pedimos más que lo que nos corresponde: vivir en paz en nuestra propia tierra”.
sjl