La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) informó que agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) ejecutaron una orden de aprehensión, por reclusión, contra Martiniano V. O., quien se desempeñó como oficial mayor del Gobierno de Hidalgo durante la pasada administración estatal, por su probable responsabilidad en el delito de peculado agravado.
Según la carpeta de investigación, el exfuncionario es señalado de haber solicitado, el 30 de abril de 2021, recursos extraordinarios por 60 millones de pesos para renovar una póliza de seguro catastrófico, amparada en el contrato número 303/2021 con la empresa Grupo Mexicano de Seguros S.A. de C.V. Dicho instrumento tenía como objetivo cubrir posibles daños derivados de fenómenos naturales en el territorio hidalguense.
Meses después, entre el 21 y 22 de agosto de 2021, el huracán Grace impactó la región y provocó afectaciones severas en distintas zonas del estado. Ante los daños ocasionados, el Gobierno de Hidalgo activó la póliza y la aseguradora realizó un pago por 116 millones 62 mil pesos, destinado a la reparación de los perjuicios provocados por el fenómeno meteorológico.
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Sin evidencia de los recursos
No obstante, la PGJEH reveló que no existe evidencia de que este recurso haya ingresado a las finanzas estatales. Por el contrario, las investigaciones apuntan a que el monto fue transferido de manera irregular a una cuenta bancaria perteneciente a la empresa Logcom Trading Company S.A. de C.V., sin justificación administrativa ni legal.
La Procuraduría señaló que la orden de aprehensión contra Martiniano N fue ejecutada dentro del Cereso de Pachuca, donde el imputado permanece recluido por otro proceso judicial. En las próximas horas será presentado ante un juez de control para que se determine la fecha y hora de la audiencia inicial, donde se le formulará imputación y se solicitará su vinculación a proceso.
Investigaciones continúan
Las autoridades reiteraron su compromiso de continuar las investigaciones relacionadas con presuntos actos de corrupción ocurridos durante la pasada administración estatal, con el objetivo de garantizar la recuperación de los recursos públicos desviados y fortalecer la rendición de cuentas en Hidalgo.
Menchaca había adelantado investigación
Apenas el pasado lunes 20 de octubre, el gobernador Julio Menchaca informó que existía una carpeta de investigación judicializada relacionada con un seguro contratado en la administración anterior, por un monto total de 116 millones de pesos.
“Tenemos una carpeta judicializada por un seguro que se hizo efectivo en la administración pasada. De los 116 millones, 16 se entregaron al gobierno y 100 a una empresa. No hay registro de qué hizo la empresa con ese dinero”, indicó ese día ante medios de comunicación.
Martiniano N ya tiene una sentencia
El pasado 15 de julio de 2025, el exoficial mayor del Gobierno de Hidalgo, Martiniano N., fue sentenciado a 12 años de prisión por el delito de peculado agravado. El Tribunal de Enjuiciamiento también le impuso una multa de 44 mil 838 pesos y el pago de una reparación del daño por 14 millones 802 mil pesos, al considerar acreditado que desvió recursos públicos a través de contratos irregulares.
De acuerdo con la resolución judicial, Martiniano V. O. aprobó un contrato con la empresa Remaco para la adquisición de 34 mil litros de crema antiséptica a un precio unitario de 467.67 pesos, con un costo total superior a los 18 millones de pesos. Dicha compra formó parte de un programa denominado “Por un Hidalgo Seguro”, realizado en 2022, cuando la pandemia ya había concluido y el producto adquirido no era de primera necesidad.
El proceso judicial inició el 28 de mayo de 2025 con el juicio oral 103/2025, en el que comparecieron más de 14 testigos, entre ellos funcionarios estatales, peritos contables y miembros del Comité de Adquisiciones. Durante el desfile probatorio se reveló que se elaboraron documentos falsos para simular la recepción del producto, y que la empresa proveedora resultó ser inexistente, con domicilio en una vivienda particular de la colonia San Antonio El Desmonte, en Pachuca.
Aunque los testimonios apuntaron a Víctor Eloy Porras Oaxaca, exdirector de Recursos Materiales, como quien giró las instrucciones directas, el Tribunal determinó que Martiniano N., como titular de la Oficialía Mayor, tenía la obligación de supervisar las acciones de sus subordinados. Por ello, se le consideró responsable del desvío y se dictó la sentencia condenatoria. El fallo estuvo a cargo de los jueces Diana Villarreal Quintero, Hibels José Luis Crespo García y Miguel Ángel Galindo Nájera.
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