Pachuca.— Lidia García Anaya, diputada federal por Hidalgo, integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales en la Cámara de Diputados, explicó que antes de que concluya la LXV Legislatura se pretende que la iniciativa de reforma al Poder Judicial sea discutida y aprobada.
En entrevista para La Silla Rota, la legisladora explicó que la idea es que la actual legislatura discuta y analice la reforma para que deje elaborado el dictamen, y la legislatura entrante la apruebe, pues se requieren de las dos terceras partes de la votación.
Dijo que la razón de que se haga de esa forma, es porque la integración de comisiones en una nueva legislatura es un proceso que ocupa tiempo, por lo que no estarían integradas en septiembre que ingresan los nuevos diputados y no se tendría la aprobación en el mismo mes que es como está proyectado.
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Respecto del contenido de la iniciativa, Lidia García Anaya detalló que busca disminuir el número de ministros, los años que estén en el cargo, así como la parte de los salarios. También -dijo- se busca la creación de un órgano de disciplina judicial que se encargue de atender las quejas que existan en contra de los jueces, magistrados y ministros.
Aclaró que “la iniciativa no toca el tema laboral del personal del Poder Judicial, no hay ningún artículo que refiera a los empleados de la Suprema Corte, del Consejo de la Judicatura, o de los juzgados, la parte de los derechos laborales está garantizado”, y es un tema por el que se ha querido influenciar al personal.
El tema que es controversial y con el que ella no concuerda es el relativo a la elección de ministros, jueces y magistrados a través de voto popular. Sus argumentos son: primero porque va a tener un costo para el presupuesto federal y estatal y en segunda, porque “desafortunadamente somos ciudadanos que desconocemos las funciones de los ministros, magistrados, si acaso sabemos lo que hace un juez”.
“Yo considero que no tendría que haber una elección con el voto popular, esa es mi opinión y estoy por respetar la carrera judicial, porque ser licenciado en Derecho no puede ser suficiente, porque se requiere mucha experiencia”, expuso.
Lidia García consideró que la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros no es garantía de que termine la corrupción en el Poder Judicial, toda vez que ello depende de la ética de cada persona. “Si la persona es a prueba de toda probidad no habrá corrupción, pero no hay la seguridad de que no haya corrupción”.
Lidia García reiteró que el análisis en la Comisión de Puntos Constitucionales comenzará a mediados de agosto para dejar un dictamen.
Y aclaró que, si bien no concuerda con la idea del voto directo para ministros, magistrados y jueces, aún no sabe si la hará valer dentro de la Comisión.
sjl