Pachuca.— Jessica Blancas intentó justificar gastos con facturas canceladas, también registró movimientos fantasmas, pagos indebidos y otras acciones, así lo evidenció la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH) al realizar una auditoría con carácter de excepcional a la Secretaría de Finanzas Públicas de Hidalgo durante el ejercicio 2018, 2019 y 2021 en programas como el de Recaudación de contribuciones por morosidad, Obras de gasto de inversión, Gestión de Resultados para el Desarrollo, y Servicios de Consultoría.
La ASEH llevó a cabo una revisión extraordinaria a la Secretaría de Finanzas Públicas de Hidalgo, ello, ante la interposición de una denuncia por parte de la nueva administración estatal encabezada por Julio Menchaca Salazar y detectó movimientos sin comprobar por el rango de 59 millones 208 mil 69 pesos.
De las observaciones, destaca una por 29 millones de pesos del proyecto: Gestión de Resultados para el Desarrollo en el Estado de Hidalgo en el que el proveedor incumplió con los entregables, por ende, no se le debió pagar, lo que “evidencia la falta de administración eficiente, eficaz, económica, transparente y honrada de los recursos económicos destinados para satisfacer los objetivos del proyecto”.
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Asimismo, hay una observación por 19 millones 81 mil 999 pesos de un proyecto denominado Servicios de Consultoría de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Finanzas, en donde se identificaron pagos improcedentes relacionados con el contrato de prestación de servicios número SFP-DGA-1-03-2018, que aborda la "Consultoría en Control Interno de la Administración Pública Estatal".
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La entidad fiscalizada no proporcionó evidencia del acta de entrega-recepción de los informes mensuales por parte del proveedor de servicios. Además, se presentaron documentos en formato PDF correspondientes a informes de servicios de consultoría que resultaron ser reproducciones de páginas oficiales de otras instituciones gubernamentales emitidas antes de la fecha de contratación.
Del proyecto Recaudación de contribuciones por morosidad, la entidad fiscalizada enfrenta una falta de documentación comprobatoria del gasto debido a la cancelación del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) con Folio Fiscal 310746C2-77F5-46E2-90EB-2FA483ACE106, emitido el 18 de mayo de 2021 por un importe de 7 millones 127 mil 40 pesos, sin proporcionar la justificación de dicha cancelación ni evidencia de un nuevo CFDI.
Con importe económico, también se observó el Proyecto de obras de gasto de inversión monitoreadas, en ese programa se encontraron pagos improcedentes por un total de 3 millones 999 mil 29 pesos, relacionados con el contrato de prestación de servicios número SFP-DGA-01-02-2019, vinculado al proyecto de obras de gasto de inversión monitoreadas. La entidad fiscalizada no pudo comprobar la prestación de servicios estipulados en el contrato, ya que no demostró que los usuarios designados para la visualización, desarrollo y administración de la plataforma recibieron las capacitaciones necesarias por parte del proveedor. Además, no hay evidencia de las cuentas de usuario y contraseñas para operar la plataforma, ni informes mensuales sobre lo ejecutado.
La secretaría de Finanzas tuvo otras observaciones sin impacto económico relacionadas con servicios informáticos, control interno, licitaciones públicas, deficiencias en el procedimiento de adquisiciones y servicios, o adjudicaciones fuera de norma; falta u omisión de documentación comprobatoria e incumplimiento o deficiencias a la formalización de contratos, convenios o pedidos.
sjl