Pachuca.— La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) deberá reabrir la investigación en la que María Teresa Paulín Ríos, exdirectora del Instituto de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), presuntamente fue privada de su libertad y recibió amenazas por parte de algunos estudiantes, el 19 de septiembre de 2023.
Lo anterior, fue determinado por el juez de Control, David Adrián Martínez Santiago, en una audiencia privada, luego de que Teresa Paulín, en calidad de víctima, apelara la decisión de la fiscalía de no ejercer acción penal en contra de los alumnos que presuntamente privaron de la libertad a la mujer y la amenazaron aquel 19 de septiembre, cuando se registraron hechos de violencia entre estudiantes, catedráticos y trabajadores de la UAEH, en el Centro Cultural la Garza.
Este viernes se llevó a cabo la audiencia de Control, en la que el juez determinó que la procuraduría sí debe investigar los hechos, al respecto, la propia Teresa Paulín explicó que “el Ministerio Público había dicho que no iba a ejercer acción penal contra las personas que me privaron de mi libertad y que me amenazaron, pero el juez ha revocado esa decisión y ha solicitado que continúe con la investigación”.
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Al tiempo, precisó que dentro de sus argumentos el juez evidenció que existía un sesgo en el actuar del Ministerio Público a favor de las personas denunciadas, “estoy agradecida con el juez porque se subrayó el sesgo de información”, expresó Teresa Paulín, quien renunciara a la dirección del Instituto de Artes, luego de que un grupo de estudiantes la señalaran de discriminación
Teresa Paulín aseguró que aquel 19 de septiembre ella fue privada de su libertad y recibió amenazas de muerte por parte de los estudiantes, por lo que celebró la determinación del juez para que continúe la investigación de su denuncia, aunado a que se evidenció que el MP fue omiso en cuanto a la información presentada.
En ese sentido, Teresa Paulín pidió a la Procuraduría que se conduzca con honestidad y coherencia.
Cabe señalar que el MP cuenta con un plazo de 10 días para determinar nuevamente -ahora sin sesgo en la información- si procede o no la denuncia por privación ilegal de la libertad.
Es importante señalar que, tras el 19 de septiembre de 2023, se iniciaron denuncias por ambas partes: UAEH y estudiantes, ambos por amenazas y lesiones, además una de daño en propiedad por parte de la universidad, derivado del daño generado al monumento de La Garza y al portón de madera del Centro Cultural Universitario; sin embargo, en ningún caso se ha avanzado con el proceso penal, sólo se han desahogado las audiencias iniciales.
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