Pachuca.— El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Hidalgo fue uno de los sujetos obligados en recibir más denuncias por incumplimientos a los artículos 69 al 81 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Hidalgo, informó la comisionada presidenta Myrna Rocío Moncada Mahuem.
Esto durante la presentación de su Informe de Actividades 2023, ante diputados y diputadas del Congreso de Hidalgo, realizado este miércoles, en el que dio cuenta de las actividades en el organismo autónomo que se encarga de garantizar las transparencia y acceso a la información de los ciudadanos.
En principio, dijo que este órgano aprobó el padrón de sujetos obligados, enlistando un total de 121 sujetos obligados distribuidos de la siguiente manera: 3 Poderes del Estado, 84 municipios, la Auditoría Superior, 5 organismos públicos autónomos, 8 partidos políticos, 19 sindicatos y un organismo de la sociedad civil.
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En ese sentido, por incumplimientos a los artículos 69 al 81 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado se presentaron 169 denuncias por incumplimiento a las obligaciones de transparencia, comparando que durante el ejercicio 2022 fueron 230, lo que representa un cumplimiento por parte de los sujetos obligados en la publicación de las obligaciones de transparencia.
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De acuerdo a las estadísticas los ayuntamientos recibieron 85.80 por ciento de estas denuncias, seguidos por los partidos políticos con el 7.10 por ciento, los sindicatos con el 3.55 por ciento, mientras que el 2.96 por ciento por los Poderes del Estado y, por último, con el 0.59, los organismos autónomos.
Los sujetos obligados con mayor número de denuncias fueron: Tlanalapa con 22; Francisco I. Madero, con 21, Huazalingo con 11; Nopala de Villagrán con diez; el PRI, con ocho y el municipio de Tepeji del Río con siete denuncias. Sin embargo, no se precisó cuáles fueron esas omisiones de transparencia de estos sujetos obligados.
No obstante, de manera general dijo que las tres fracciones con mayor número de recurrencias (es decir falta de transparencia) son las referentes a sueldos, directorio y contratos de obras, bienes y servicios.
“De las 169 denuncias por incumplimiento a las obligaciones de transparencia se llevaron a cabo 274 verificaciones a 41 sujetos obligados. En el año 2023, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, se registraron 214 mil 401 consultas a las obligaciones de transparencia, siendo las tres más consultadas, las remuneraciones de los servidores públicos, directorios y declaraciones patrimoniales”, indicó.
Medidas de apremio y multas por 700,245 pesos
La comisionada presidenta dijo que impusieron medidas de apremio a las y los servidores públicos encargados de cumplir con las resoluciones así como a los miembros de sindicatos, partidos políticos, agrupaciones políticas, personas físicas o morales responsables.
Por ello se probó imponer tres medidas de apremio a los responsables de los sujetos obligados debido al incumplimiento a las resoluciones emitidas por el Consejo General del ITAIH, las cuales correspondieron a los servidores públicos de los ayuntamientos de Nopala de Villagrán, Singuilucan y Yahualica.
Asimismo, se aplicaron medidas de apremio, con un total de 587 amonestaciones públicas, además de 45 multas a servidores públicos, consistentes en 150 Unidades de Medida y Actualización (UMAS) que equivalen a 15 mil 561 pesos, dando un monto total a recaudar asciende a 700 mil 245 pesos.
Los principales servidores públicos que fueron multados son de los municipios de Agua Blanca, Chilcuautla, Acaxochitlán, Atotonilco de Tula, Calnali, Progreso de Obregón, Tepeji del Río, Xochitipan, Huazalingo, Huejutla, Jacala, La Misión, Pacula y Tepetitlán.
Adicionalmente, la comisionada presidenta informó que se constató que algunos sujetos obligados no respondieron adecuadamente al requerimiento realizado a través de la Unidad de Transparencia. Por lo que se les aplicó una segunda multa asciende a 250 UMAS, es decir, 25 mil 935 pesos, sumando en total 207 mil 480 pesos.
“Ambas medidas de apremio deberán ser sufragadas con recursos propios del servidor público y no provenientes de la entidad pública. Estas medidas de apremio buscan no solo cumplir con el marco normativo establecido, sino enfatizar la importancia de la transparencia y el acceso a la información”, dijo.
Además, estas sanciones “buscan incentivar el cumplimiento oportuno a los requerimientos institucionales teniendo como resultado ocho personas acreedoras a una multa: seis servidores públicos y dos encargados o responsables de la Unidad de Transparencia de los ayuntamientos de Singuilucan, Tecozautla, Tezontepec de Aldama, Tlanalapa, Zimapán, La Misión y los sindicatos de Emiliano Zapata y Tlanalapa”.
El monto total a recaudar por esta segunda multa asciende a 207 mil 480 pesos. Este recurso será cobrado por la Procuraduría Fiscal y se destinará, en un 50 por ciento, a la cultura de la transparencia y el acceso a la información pública.
sjl