Pachuca.— Diputados de Hidalgo hicieron un llamado a las autoridades responsables de prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres, de investigar, atender y en su caso sancionar el presunto matrimonio forzado de Adriana, una mujer indígena del municipio de Atlapexco, quien tras negarse a contraer nupcias, fue encarcelada, por usos y costumbres.
Citlali Jaramillo Ramírez, diputada local del Grupo Plural Independiente (GPI) recordó que en días pasados, Hidalgo fue foco nacional por los hechos suscitados en Santo Tomás, la localidad de Atlapexco, en donde una mujer fue detenida en la cárcel comunitaria por negarse a casarse con un hombre.
“Esta mujer detenida responde al nombre de Adriana, una joven de sólo 19 años, originaria de la localidad, quien según las versiones preliminares no quiso casarse con Antonio, de 42 años, por lo que, en consecuencia, el pasado 20 de agosto fue detenida. Ante esta situación, familiares de la joven acudieron a la cabecera municipal a solicitar ayuda de las autoridades, las cuales hablaron con los representantes de la comunidad, a quienes notificaron que estaban incurriendo en varios delitos. La mujer fue liberada, sin embargo, Antonio le exige a Adriana el pago de 60 mil pesos que había invertido para este matrimonio forzado”, dijo.
En una segunda versión, no oficial, se ha señalado que el motivo de la detención de Adriana no fue la negativa de matrimonio, sino lesiones, por una agresión hacia Antonio. “Ella se estaba defendiendo y es válida la defensa que ella utilizó para preservar su libertad. Tenemos que recordar que Adriana, de haber accedido, iba a ser violada todas las noches y vivir un matrimonio forzado, tener hijos de alguien a quien no ama con alguien que le duplica la edad”.
Por lo anterior y ante la falta de una postura oficial, la legisladora hizo un llamado para que las autoridades responsables de prevenir, a atender y sancionar la violencia contra las mujeres, realicen las acciones de investigación para esclarecer estos hechos.
“En caso de que se comprueben las prácticas de matrimonios forzados, les pedimos que se proceda conforme a derecho, porque esto le corresponde. Adriana no está sola, nos tiene a todas nosotras y tenemos que seguir previniendo en todo momento establecer las medidas de protección para evitar la posible revictimización y el cuidado de las formalidades del debido proceso”.
De igual forma, pidió a la Comisión Estatal para el Desarrollo Sostenible de los Pueblos Indígenas (CEDSPI) realicen mesas de diálogo con las comunidades indígenas, con el fin de concientizar y sensibilizar la importancia de erradicar estas prácticas nocivas que laceran a las niñas y mujeres.
“Debemos redoblar los esfuerzos y tener una cultura de cero tolerancia, buscando en todo momento garantizar el pleno acceso a una vida libre de violencia para nuestras niñas, adolescentes y mujeres, así como el goce y ejercicio de sus derechos humanos y fortalecer el régimen democrático de nuestro país”.
La legisladora del GPI, también compartido el testimonio de Juana, una indígena mexicana que fue vendida por su padre a un desconocido, quien pagó 20 mil pesos, unos puercos y despensa, bajo el amparo de los usos y costumbres; esto sin dar mayor detalle a fin de no revictimizar a la mujer.
En muchas ocasiones, dijo que se ha escuchado hablar sobre los matrimonios forzados y se piensa que estos hechos ocurren sólo en países como Irán y Afganistán; sin embargo, indicó que no hay que olvidar que en México todavía existen grandes deudas.
Narró la diputada el testimonio de Juana: “tenía 12 años cuando escuché que me llegaron a apartar. Vi cómo tomaban un trago para celebrar el acuerdo. Mi papá pidió 20 mil pesos, supuestamente para hacer las fiestas, así se dice y no es que de manera descarada se diga quiero 20 mil pesos por mi hija… pero mi papá no hizo fiesta”.
En la fecha de “cerrar el trato”, agregó, “había listos unos puercos y unas despensas. Cando llegó la fecha, mi nuevo esposo me llevó a su casa, me tomó por la fuerza y aunque yo no quería, decía que tenía el derecho, porque yo fui comprada por él… las anteriores palabras son de Juana, una indígena mexicana, víctima de matrimonio forzado”.
Informó que el matrimonio forzado es cuando una o ambas partes no han expresado personalmente su pleno y libre consentimiento a la unión; además, están ligados a los usos y costumbres de los pueblos indígenas, la cual afecta más a mujeres y niñas.
“De acuerdo con Exodus Road, una organización sin ánimo de lucro que trabaja combatiendo la esclavitud moderna, al año 2022 en el mundo 650 millones de niñas y mujeres son todavía obligadas a casarse. Lamentablemente, las principales víctimas de esta práctica son las mujeres indígenas. En el marco del Día Internacional de la Mujer Indígena, celebrado ayer 5 de septiembre, es por esto que resulta importante que las autoridades revisemos las acciones que los gobiernos han hecho para disminuir los distintos tipos de violencia y discriminación”, indicó.
En Hidalgo, indicó, se tienen contabilizados 301 mil 838 mujeres indígenas. Ante este contexto y derivado de violaciones a Derechos Humanos, por los matrimonios forzados, “resulta conveniente recordar que el año 2011 se generó una reforma en México, en la que se ordenó a todas las autoridades a proteger, garantizar y promover los derechos humanos”.
De esta forma, añadió que se busca evitar la violencia, la esclavitud y la trata de personas y velar por la dignidad de las personas, por lo que los usos y costumbres no pueden estar por encima de la ley. Indicó que en México no se cuenta con información oficial que mida la incidencia del matrimonio forzado.
sjl