Pachuca.— El Congreso de Hidalgo destina el 34.1 por ciento de su presupuesto para las actividades de su entidad fiscalizadora: la Auditoría Superior local, colocándolo en el octavo lugar nacional respecto a la distribución equilibrada del recurso público recibido este 2023, con base en el “Informe Legislativo 2023, ¿Contrapeso o desequilibrio de poder?”, que analiza la estructura y asignación presupuestal de los congresos y sus órganos de fiscalización, identificando “tres principales riesgos”.
El informe fue publicado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) el pasado 4 de agosto, detalla que, de los 334.84 millones de pesos asignados este año al Poder Legislativo de Hidalgo, el 34.1 por ciento se le dio a la ASEH, equivalente a 114.1 millones de pesos; mientras, el 65.9 por cierto al Congreso de Hidalgo.
“En promedio a nivel estatal, se muestra una tendencia a asignar más recursos al Congreso que al órgano de fiscalización. Solo en San Luis Potosí, Coahuila y Puebla, el presupuesto se distribuye equitativamente entre Congresos y órganos de fiscalización. Por el contrario, en Durango y Morelos el órgano de fiscalización solo recibe siete y nueve centavos de cada peso gastado por el Poder Legislativo, respectivamente”, señala el informe.
El estudio tiene como objetivo analizar la estructura y presupuesto, pues “es fundamental para monitorear su función de contrapeso y control presupuestario”, pues tanto los congresos como los órganos de fiscalización o auditorías, desempeñan un papel clave a lo largo del ciclo presupuestario y en el equilibrio de la división de poderes, señala el IMCO.
¿Qué hacen los congresos y los órganos fiscalizadores?
Los congresos locales son organismos representativos compuestos por diputados y diputadas que están encargados de representar a la ciudadanía, emitir y reformar leyes y aprobar los ingresos y presupuestos estatales.
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Mientras, los órganos de fiscalización o auditorías son los organismos dependientes de los Poderes Legislativos que se encargan de auditar el uso del gasto público, así como recomendar mejoras en la gestión, sancionar a servidores públicos y recuperar recursos públicos.
De acuerdo con el informe, en 2023 el presupuesto aprobado de los Poderes Legislativos de todo el país suma 21 mil 196.5 millones de pesos, de los cuales, el 74 por ciento es para los Congresos y el 26 por ciento para los órganos de fiscalización.
Tres principales riesgos
Los tres principales riesgos que detecta el IMCO son: el primero, la asimetría en los presupuestos de los Poderes Legislativos, pues plantean un desequilibrio. Por ejemplo, la Ciudad de México, Estado de México y Michoacán cuentan con los mayores presupuestos, mientras que Colima, Yucatán y Campeche tienen los más bajos.
“Esta situación refleja la asimetría en la asignación presupuestal a pesar de cumplir con funciones legislativas similares. La asimetría también se refleja en el presupuesto aprobado de las entidades federativas. De los 2.7 billones de pesos aprobados para 2023, los Poderes Legislativos recibirán menos de 1 por ciento, equivalente a 21 mil 196.5 millones de pesos”.
Además, la mayor parte del presupuesto de los Poderes Legislativos estatales se destina a los Congresos, 74 por ciento del total, equivalente a 15 mil 715 millones de pesos; mientras, el 26 por ciento restante, que representa un monto de 5 mil 482 millones de pesos, es el presupuesto total para los órganos de fiscalización.
Para dimensionarlo, el IMCO detalla que la Cámara de Diputados Federal, con un presupuesto de 8 mil 572 millones de pesos, recibe 56 por ciento más que la suma de todas las auditorías locales. La asignación desproporcionada entre los entes legislativos plantea un riesgo para el funcionamiento de los órganos de fiscalización.
El segundo riesgo es “la falta de criterios para determinar el costo "ideal" de un Congreso”, pues se da poca claridad en la determinación del número de legisladores por estado y la complejidad para evaluar el trabajo legislativo, lo que dificultan calcular el presupuesto idóneo para los Congresos.
Finalmente, el tercer riesgo es que se deja pocos recursos para vigilar el presupuesto público, pues, “cuando no existe vigilancia y fiscalización, los Congresos estatales descuidan sus obligaciones y son cómplices de las inadecuadas prácticas de gobierno”.
Reglas
En conjunto, estos riesgos afectan la gobernanza, la confianza ciudadana y el desarrollo democrático de las entidades federativas, por lo que el IMCO propone incluir reglas para sancionar a los diputados y funcionarios que no cumplan con la obligación de convocar o presentarse ante el Congreso local.
“Las leyes estatales contemplan comparecencias obligatorias de funcionarios públicos, pero sin consecuencias reales, por lo que se tienen que establecer sanciones para reforzar la supervisión y la rendición de cuentas efectiva”.
De igual forma, la creación de apartados en las páginas de los Congresos locales en donde se pueda consultar toda la información relativa a la función de control presupuestario, ya que al hacer públicos los informes de finanzas públicas, se genera un mecanismo de control ciudadano sobre el manejo de los recursos, dando posibilidad de identificar posibles irregularidades y exigir a los diputados un correcto ejercicio de sus facultades de vigilancia y contrapeso.
También, sugiere asegurar que los informes de las finanzas públicas sean revisados de manera transparente y obligatoria por los diputados; esto se deberán ayudar de los centros de estudios y comisiones para verificar informes y prevenir malos manejos de recursos públicos, además de mejorar los mecanismos para alertar a los órganos de fiscalización para auditorías y sanciones si es necesario.
sjl