Pachuca.— Martina Elvia García Arteaga, síndica jurídico de Tepeapulco que fue inhabilitada del cargo por tres meses, denunció que hay una persecución política en su contra por parte de la presidenta municipal, Marisol Ortega López, por negarse a votar a favor de la adquisición y donación de un predio para el Banco del Bienestar y por denunciar un conflicto de interés en la compra de dicho terreno.
No es la primera vez que un síndico acusa persecución política a Marisol Ortega López, a quien se le vincula con el Grupo Universidad, de Gerardo Sosa Castelán. Hugo Pérez Ramírez se desempeñó como síndico hacendario de Tepeapulco desde diciembre de 2020 hasta el 25 de marzo de 2023, cuando fue desaforado por el Congreso de Hidalgo, a través de un juicio político promovido por Ortega López. El síndico defenestrado, al igual que Martina Elvia García, señaló que era sujeto de persecución política orquestada por la presidenta municipal.
Martina Elvia García se presentó este jueves en el Congreso de Hidalgo para solicitar que intervenga en el conflicto con la alcaldesa Marisol Ortega, detalló que hay una campaña de desprestigio en su contra y la de otros dos regidores del Movimiento Independiente, la síndica jurídica dijo que aventaron dos bombas molotov a su casa.
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Esto ocurrió el pasado 18 de julio, luego de haber votado en contra de esta compra – donación del predio, pues no se presentó documentación legal necesaria, además, que advirtió un conflicto de interés pues el espacio es propiedad de la tía del regidor de Morena, Lino Barrios, mismo que denunció ante la Fiscalía Especializada en Delitos Anticorrupción de Hidalgo.
“Siempre he confiado en la Ley y sé que la legalidad me asiste y habrá piso parejo. El detalle es que sí he sufrido hostigamiento y violencia en las mismas asambleas, todo eso, el nivel de violencia cada vez es mayor. Después de que voté en contra de la instalación del Banco del Bienestar, en mi casa me son lanzadas dos bombas molotov, no puedo argumentar ni decir ni mencionar a algún culpable especifico. Sin embargo, lo que sí me queda claro es que estoy haciendo un trabajo en pro de la ciudanía”, expresó.
¿Por qué la inhabilitaron?
En entrevista, la asambleísta indicó que la justificación que tuvo la Contraloría Interna Municipal para inhabilitarla, es porque supuestamente no legalizó un listado de bienes propiedad del municipio, cuyo documento, nunca le fue entregado.
“Este listado debe de estar en poder del síndico hacendario, la presidenta, el secretario general y el órgano de control interno. Esta sindicatura jurídica no maneja este libro de bienes; además, al pedir el libro, nunca me lo dieron”, expresó.
Las anomalías de la compra–donación del predio
Respecto a la adquisición del terreno que se dona a la Secretaría del Bienestar para la construcción del banco, dijo, debía legalizarlo ella, toda vez que es la representante jurídica del municipio. Sin embargo, esta faena la realizó la presidenta.
Pese a asegurar que en ningún momento se opuso a la instalación del Banco del Bienestar (en la asamblea del 11 de abril), su voto en contra se debió a que “únicamente se subió al pleno del ayuntamiento el croquis… el primer punto era la aprobación de la adquisición del terreno pero sin ningún documento que respaldará la adjudicación, ni el avalúo, ni nada, solo el croquis para que aprobemos la compra de ese terreno”.
En ese momento, la síndica jurídica manifestó que “estaba mal integrado todo y que por favor lo integrara bien para poder votarlo. Siempre manifesté que estaba a favor del banco, nunca en contra, sino de los malos procesos, pues lo adquirieron de una forma directa y no suben un avalúo catastral ni de peritos y piden un valor de 3 millones de pesos. Se aprobó con mayoría simple, es decir, nueve regidores y el voto de calidad de la presidenta”, agregó.
A través de redes sociales, dijo, ha sufrido una campaña de odio y desprestigio junto con otros regidores del Movimiento Independiente, en la que los tachan de “flojos y traidores”, pues, incluso, exhibieron una lona reclamando que no aprobaron la instalación del Banco del Bienestar.
“Sí veo persecución política, todos estos actos son fundados de esa forma y la parte, por eso confío en la legalidad, pues si esto está plagado de irregularidades, hay mucho que aclarar y si soy culpable, también asumiré esa responsabilidad”, añadió.
“¿Qué necesitas para que nos votes a favor?”
En lo personal, la síndica jurídica denunció que en diciembre, un presunto intento de coacción por parte de la administración de Marisol Ortega.
“Me insistieron ‘¿qué necesitas para que nos votes a favor?’, yo les respondí: ‘la transparencia y la no corrupción, que fuera de eso no necesito de nada’. A partir de ahí hemos sido violentados. Exhorto al gobernador que intervenga en este proceso, pues los temas se necesitan esclarecer, todavía no estaba la donación y el banco se había terminado de construir”, dijo.
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