Pachuca.— La Contraloría de Hidalgo identificó conflictos de interés y discrepancias en la evolución patrimonial de exfuncionarios del gobierno de Omar Fayad Meneses, entre ellos un exsecretario, por esos indicios hay procedimientos de responsabilidades administrativas, informó el contralor estatal, Álvaro Bardales Ramírez.
Detalló que estas anomalías han sido detectadas gracias al trabajo cotidiano que se hace en la dependencia; son entre 15 y 20 exfuncionarios de la administración pasada cuyos bienes patrimoniales no corresponden a su ingreso monetario.
“Hay un exsecretario… no podemos dar más detalles. Pero de todos los casos damos vista al Tribunal Administrativo para las sanciones o faltas graves, en todos, hacemos una revisión a sus declaraciones, a su evolución patrimonial”, dijo Bardales Ramírez en conferencia de prensa, luego de presentar los resultados de la Declaración Patrimonial y de Intereses 2023, en Palacio de Gobierno de Hidalgo.
Hace unos días, la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH), en coordinación con autoridades de la Ciudad de México, realizaron un cateo a un departamento de lujo, ubicado en Reforma 27, propiedad del extitular de la Contraloría de Hidalgo, César M.V., quien es señalado como presunto autor intelectual de la red de corrupción y desvíos de recursos públicos denominado la Estafa Siniestra.
En el cateo, la PGJH encontró dos cajas fuertes con dinero en efectivo, máquinas para contar dinero, así como documentos de propiedades. Cabe señalar que el excontralor del gobierno de Omar Fayad está vinculado a proceso, sin embargo, se encuentra prófugo de la justicia.
Los incumplidos
El contralor informó que el Poder Ejecutivo cumplió con el 99.12 por ciento de la entrega de declaraciones patrimoniales y de intereses. Este porcentaje equivale a 83 mil 57 de los 83 mil 798 funcionarios inscritos en el padrón de sujetos obligados.
“Resta un total en omisión de 741 declaraciones patrimoniales que representan el ínfimo 0.88 por ciento del padrón. De no existir causa justificada para el incumplimiento, serán sancionados por la Contraloría del estado. Entre las penas aplicables está la amonestación privada, hasta la destitución del empleo, cargo o comisión. No hay segundas oportunidades, como lo ha dicho el gobernador”, expresó.
De estos 741 funcionarios del gobierno de Hidalgo, 605 corresponden al Instituto Hidalguense de la Educación; 38 a la Secretaría de Seguridad Pública; 93 a los servicios de salud y cinco a la Procuraduría.
“Ellos podrían justificar su omisión ya que estaban en hospitales por enfermedades preexistente, suspendidos en su encargo por una autoridad o privados de la libertad en Centros de Readaptación Social (Ceresos)”, dijo.
sjl