PACHUCA. – Un agente del Ministerio Público (MP) de la Subprocuraduría de Procedimientos Penales Región Poniente en colaboración con un jefe de oficina de la misma dependencia, solicitaron a un usuario 50 mil pesos a cambio de no iniciar una carpeta de investigación derivado de un accidente vial; por estos hechos, ambos trabajadores de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJEH) fueron inhabilitados por un año.
Así se desprende de la resolución que emitió la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Poder Judicial del Estado (PJEH) por cohecho, una falta clasificada como grave dentro de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la cual comete el servidor público que con motivo de sus funciones exija, acepte u obtenga cualquier beneficio como dinero, bienes, servicios o empleos para sí o sus parientes, de acuerdo con el artículo 52 del ordenamiento en mención.
La resolución data del 7 de septiembre de 2022, como lo indica el expediente 99/2022; sin embargo, la inhabilitación comenzó a surtir efectos del 1 de enero de 2023 y concluirá hasta la misma fecha, pero del año 2024, como lo muestra el Sistema de Registro de Servidores Públicos Sancionados, plataforma perteneciente al gobierno estatal.
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Los hechos
En el año 2018, Cesar, agente del Ministerio Público de la PGJEH, giró dos citatorios a un ciudadano en los que le pedía acudir a la sede de la Procuraduría en los meses de mayo y agosto de aquella anualidad. El 24 de mayo, el usuario de identidad reservada asistió a la cita. En aquella diligencia, el agente César pidió a nombre de su compañero José Guadalupe -quien fungía como jefe de oficina- la cantidad de 50 mil pesos.
En una nueva cita que data del 16 de agosto, acudió nuevamente el ciudadano, pero se negó a pagar el dinero al agente del Ministerio Público bajo el argumento de no ser responsable de un accidente automovilístico que pretendían imputarle. Ante la negativa, el agente del MP le indicó al ciudadano que iniciaría una carpeta de investigación y que detendría el camión presuntamente involucrado en el incidente.
El ciudadano “ya no se presentó porque no tenía esa cantidad de dinero; así mismo señala que en ningún momento le enseñaron algún documento, ni le dijeron sus derechos, solo le exigían el dinero”, se desprende de la resolución del expediente 99/2022.
La sanción
El 29 de agosto del 2018 el caso fue denunciado ante el Órgano Interno de Control de la Procuraduría Hidalgo por la presunta comisión de una falta administrativa derivada de la denuncia por el delito de cohecho que presentó el ciudadano afectado. Un día después, la autoridad se declaró competente para analizar el caso que quedó radicado en el expediente CI-PGJH-2018-81, también ordenó realizar las diligencias para acreditar o no la conducta de los dos servidores públicos.
Para el 1 agosto del 2019 y por tratarse de un asunto relacionado con la comisión de una falta administrativa grave, el asunto se remitió al Tribunal de Justicia Administrativa del Poder Judicial del Estado. En su resolución, la autoridad consideró que los responsables en su calidad como servidores públicos conocían que no debían exigir dinero que no forma parte de la remuneración que el Estado les pagaba con motivo de sus funciones.
De los 50 mil pesos que le solicitaron al ciudadano, solo lograron cobrarle 3 mil pesos; es decir, si obtuvieron un beneficio, tal como lo marca el artículo 52 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. La sanción emitida consistió en la inhabilitación temporal de los responsables para desempeñar algún empleo, cargo o comisión en el servicio público por un año, así como una sanción económica equivalente a 3, 079.04 pesos.
jgp