Pachuca.– Comités de Participación Ciudadana (CPC) de 24 estados del país exigieron al Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo (SEAH) que revierta la decisión de disminuir de 36,000 a 1,000 pesos los honorarios de los cinco ciudadanos que integran ese órgano colegiando en la entidad. El caso tiene antecedente en un acuerdo que emitió el pasado 31 de marzo el Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del SEAH, cuya resolución confirmó el contralor estatal, Álvaro Bardales Ramírez, quien argumentó que los ciudadanos cobraban una dieta de alrededor de 40 mil pesos al mes sin justificar algunas de sus actividades.
Al respecto, la Red de Comités de Participación Ciudadana, a través de un posicionamiento, condenó dicho acuerdo aprobado en la sesión del último día de marzo, tras argumentar que fue a puerta cerrada y “con una premura que violenta la legalidad” porque no fue convocada conforme al Estatuto Orgánico.
“Las condiciones de opacidad que rodearon a la sesión, cuya publicidad debiera ser ejemplar, así como las graves irregularidades en su convocatoria ponen en entredicho su viabilidad jurídica, y son en sí mismas elementos preocupantes, como lo es también la decisión arbitraria, subrepticia e infundada de debilitar a la representación ciudadana ante el propio Sistema Anticorrupción de la entidad”.
El Comité Nacional de Participación Ciudadana, así como los comités de Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas, son quienes apoyaron al CPC de Hidalgo actualmente conformado por Sergio Carlos Jiménez Martínez, Víctor Juárez Peralta, Lucero Calderón Hernández, Giselle Ivette Cortés Coria y Martha Patricia Morales Salomón.
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Los CPC de los 24 estados del país consideraron que cualquier imputación sobre el desempeño de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana de Hidalgo debe ser probada y discutida en los órganos de responsabilidad correspondientes con la debida garantía de audiencia.
“Socavar deliberadamente las condiciones materiales y económicas que permiten a sus integrantes atender sus responsabilidades, ante un entorno asimétrico donde sus contrapartes cuentan con estructura, personal y presupuesto desproporcionados es una clara invitación a una simulación”.
Por todo lo anterior expuesto, la Red de Comités de Participación Ciudadana pidió al Órgano de Gobierno del Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo que la decisión sea revertida y que de existir observaciones sean solventadas por los canales institucionales y no por consigna política.
Asimismo, pidieron la generación de especificaciones para una adecuada rendición de cuentas, así como criterios para evaluar el trabajo de todos los integrantes del Comité Ciudadano Anticorrupción.
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