PACHUCA.- Tras hacer un depósito por 1,000000 de pesos, el expresidente del Concejo Municipal Interino de Acatlán Noé AS logró que un juez de control cambiara la medida cautelar por una distinta a la prisión preventiva justificada.
En audiencia solicitada por la defensa a cargo de Carmen David Solís se solicitó el cambio de medida cautelar y para ello se ofreció la totalidad de la reparación del daño más un extra, siendo una suma de 1,000000 de pesos, por lo que el juez de control David Adrián Martínez Santiago ordenó la modificación.
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Ahora, el exconcejal de Acatlán deberá firmar de manera periódica ante la unidad de medidas cautelares, aunque no podrá acercarse a la presidencia municipal ni a los testigos. Son las nuevas medidas cautelares que le dictaron, todas respaldadas en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales en sus fracciones I, VII y VIII.
El pasado 23 de diciembre de 2023, un juez de control diverso al que autorizó la medida cautelar le decretó la medida cautelar de prisión preventiva justificada, pues es señalado del presunto delito de uso ilícito de atribuciones y facultades en agravio de la administración pública por un monto de 852 mil pesos.
Cabe mencionar que la audiencia tuvo una duración de más de 10 horas, pues comenzó cerca de las 1 horas y concluyó hasta las 23.
El exconcejal del municipio de Acatlán
Cabe mencionar que el exfuncionario municipal actualmente se desempeñaba como como técnico especializado en la Secretaría de Hacienda en el centro regional de atención al contribuyente de Tulancingo y según su declaración patrimonial tiene ingresos netos por concepto de sueldos de 124 mil 872 pesos anuales. Su aprehensión se dio precisamente afuera de su trabajo.
La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción aprehendió al expresidente del Concejo Municipal Interino de Acatlán Noé AS el 19 de diciembre de 2023 y el 23 de diciembre se le dictó prisión preventiva justificada.
Noé AS ocupó el cargo de presidente interino del Concejo Municipal en Acatlán en el periodo del 5 de septiembre al 14 de diciembre de 2020. Presuntamente, y de acuerdo con los datos de la Fiscalía Anticorrupción, en ese periodo de tiempo dispuso de recursos públicos sin autorización de la asamblea municipal, ello por un monto de 852 mil 654 pesos.
Uso ilícito de atribuciones y facultades
El artículo 309 ter establece quién comete el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, así como la penal, que se impondrá, va de uno a 8 años de prisión y multa de 50 a 250 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
cewm