Pachuca.— Diputados de Hidalgo hicieron la declaratoria de validez de la reforma constitucional denominada “Ley 3 de 3” que impide que agresores sexuales, deudores alimentarios y morosos y personas culpables de violencia de género puedan acceder a algún cargo de elección popular o ser parte del servicio público estatal y municipal.
Esto luego que se recibieron 45 sanciones a favor de igual número de municipios, por lo que, en los próximos 10 días, este decreto se publicaría en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo para su entrada en vigor, aplicando en los a diputados locales y presidencias municipales que se elegirán en 2024.
De acuerdo con el diputado de Morena Luis Ángel Tenorio Cruz, los 45 municipios que avalaron, como constituyentes permanentes son: Acaxochitlán, Actopan, Ajacuba, Alfacayucan, Apan, Atitalaquia, Cardonal, Chapantongo, El Arenal, Emiliano Zapata, Francisco I. Madero, Huasca de Ocampo, Huehuetla, Huejutla, Huichapan, Lolotla, Mineral del Chico, Mineral de la Reforma.
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Además, Molango de Escamilla, Nicolás Flores, Omitlán de Juárez, San Bartolo Tutotepec, San Felipe Orizatlán, San Salvador, Santiago de Anaya, Santiago Tulantepec, Singuilucan, Tepeapulco, Tepeji del Río, Tepetitlán, Tetepango, Tianguistengo, Tizayuca, Tlahuelilpan, Tlanchinol, Tlaxcopan, Tolcayuca, Tula de Allende, Tulancingo, Villa de Tezontepec, Xochiatipan, Xochicoatlán, Zacualtipán de Ángeles, Zempoala y Zimapán.
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Para validar una reforma a la Constitución Política del Estado de Hidalgo la mitad más uno de los municipios de Hidalgo (es decir 43) deberán de sancionarla a favor. En este caso, se tuvo el registro de 45 de un total de 84 ayuntamientos.
¿En qué consiste la reforma constitucional?
La iniciativa denominada "Ley 3 de 3” fue presentada por diputados locales de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y del Trabajo (PT). Esta incorpora un tercer párrafo a la Fracción I del Articulo 24 de la Constitución Política de Hidalgo.
Este párrafo, establece que la suspensión de derechos de las personas para ocupar cargo, empleo o comisión del servicio público cuando se tenga una sentencia firme por la comisión dolosa de delitos contra la vida y la integridad corporal, contra la libertad y seguridad sexuales, así como el normal desarrollo psicosexual.
Tenorio Cruz indicó que este ordenamiento avalado no será retroactivo por lo que invitó a todas las personas que han sido víctimas de los delitos mencionados, acudan a denunciar a sus agresores; también, opinó que es necesario dignificar el servicio público y afirmó que habrán de generarse las medidas correspondientes para cubrir “lagunas” que pudieran existir en cada una de las dependencias.
sjl