PACHUCA.- Se cumple un año de la agresión a activistas defensores de los derechos de los animales y reporteros por parte de funcionarios del municipio Mineral del Monte, encabezados por el alcalde Alejandro Sierra Tello, quienes disolvieron de forma violenta una manifestación pacífica.
Esta represión ocurrió el pasado 8 de enero de 2022, cerca del mediodía, cuando un grupo de ciudadanos se organizó para manifestarse en la entrada del municipio (avenida Juárez, frente al Museo del Paste) por la desaparición de 13 perros que fueron robados el 31 de diciembre 2021 del Santuario Cuatro Patitas Un Corazón.
Antes de comenzar la manifestación pacífica, el alcalde priista de Mineral del Monte llegó con un grupo de 70 personas para impedir la movilización, por lo que activistas y reporteros que acudieron a cubrir el evento, fueron agredidos por los funcionarios municipales.
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Acciones judiciales
A un año del suceso, han sido vinculados a proceso siete policías municipales y tres funcionarios por los delitos de abuso de autoridad, lesiones y daño en propiedad privada en agravio de los activistas Pedro Cortés Guerrero y Lorena Rivera García, del refugio Cuatro Patitas un Corazón, así como de Alba Luisa Jiménez Del Ángel, representante de la asociación La Jauría de Balú.
Lo anterior está sustentado dentro de la causa penal 637/2022. La vinculación a proceso fue emitida por el juez de control José Daniel Montaño Olvera, quien fijó un plazo de seis meses para la investigación complementaria.
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Durante este tiempo los funcionarios municipales permanecerán en libertad, pero tienen prohibido acercarse a las tres víctimas, a sus domicilios y también a los lugares donde tienen sus refugios de animales.
Los tres funcionarios municipales de Mineral del Monte señalados por abuso de autoridad son: Fredy N, director de Turismo; Arturo N, particular del alcalde Alejandro Sierra Tello y José Luis N, auxiliar de la Dirección de Comercio y Abasto.
Amparo federal
Sobre la denuncia interpuesta por el periodista José Antonio Alcaraz Suárez, por la obstrucción del ejercicio periodístico, la Fiscalía de Delitos contra Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH) resolvió no ejercer acción penal, pese a que el Ministerio Público reconoce que hubo una vulneración a la labor del comunicador.
Lo anterior es porque en el Código Penal de Hidalgo no existe una sanción por obstrucción a las labores periodistas, ya que desde el Congreso del Estado de Hidalgo, los diputados no han legislado estos temas.
Incluso, el encargado del despacho de la PGJH, Santiago Nieto Castillo, declaró que buscará impulsar la inclusión del delito en el Código Penal (obstrucción de las labores periodísticas), para que sea revisado por los diputados locales.
Por tal motivo, se solicitó la protección del Consejo de la Judicatura Federal, a través de un Amparo, a fin de que sea un juez federal quien ordene a las autoridades locales la revisión del caso y, en su caso, orden al Congreso del Estado de Hidalgo cree una legislación en temas de protección a los periodistas.
Dos recomendaciones
Además, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) emitió dos recomendaciones a las autoridades municipales del Pueblo Mágico; ambas en favor de los activistas y tres periodistas por la vulneración al derecho de manifestación, libertad de expresión y a no ser sometidos al uso desproporcionado o indebido de la fuerza pública.
En diciembre pasado se emitieron las recomendaciones R-VG-0006-22 y R-VG-0021-22 para el alcalde de Mineral del Monte, Alejandro Sierra Tello, por las agresiones contra los periodistas Janet Canales Zenil, José Antonio Alcaraz Suárez y Cristian Estefes Mendoza, y los defensores de los derechos de los animales antes citados.
El organismo autónomo, encabezado por Ana Karen Parra Bonilla, acreditó los hechos violatorios de los derechos humanos, por lo que recomendó al alcalde ofrecer una disculpa pública, reparación del daño, ordenar la capacitación a sus funcionarios municipales, entre otros.
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