PACHUCA.– Casi tres años después de interponer una denuncia por violencia familiar, Haideé Franco Moreno recibió un citatorio para ser entrevistada por la defensa de su presunto agresor, Jaime N, quien labora en el Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i) de Hidalgo.
El 18 de febrero de 2020, Haideé denunció a Jaime N en el Centro de Justicia para Mujeres del Estado de Hidalgo (CJMH); en fecha del 28 de julio de 2022, el presunto responsable fue vinculado a proceso por la jueza de control Karina Vértiz Marín.
Esta misma juzgadora le ordenó a la víctima comparecer para ser entrevistada a pesar de que se encuentra en Estados Unidos; por ello, Haideé consideró que dichos actos son una forma de revictimización, así como una manera de dilatar el procedimiento para que Jaime N logre una suspensión condicional en la causa penal 354/2022.
Haideé, quien es integrante del Frente Nacional Mujeres (FNM), recibió un citatorio para ser entrevistada el 23 de enero de 2023 por la defensa del presunto agresor.
Sin embargo, consideró que estos actos la revictimizan porque ya rindió una declaración inicial y realizó una ampliación de entrevista, dentro de la carpeta 12-2020-02341.
Además, señaló que la jueza de control Karina Vértiz, adscrita al Distrito Judicial de Pachuca, ordenó citarla de forma presencial en las oficinas del Centro de Justicia para Mujeres del Estado de Hidalgo, cuando ella actualmente reside en Estados Unidos, motivo que la limitó a comparecer.
“Me enviaron un citatorio el viernes 20 de enero para que me presentara el día 23, pero eso es revictimizar porque yo ya di una declaración inicial y di una ampliación de entrevista, por más que el Ministerio Público dijo que no era necesario porque ya se habían recabado los actos de investigación necesarios, la jueza le otorgó a la defensa que me pudieran entrevistar nuevamente”.
Dilación del proceso es igual a revictimización
Haideé consideró que los actos que pretende hacer la defensa de Jaime N, son una manera de retrasar el procedimiento judicial y con ello, lograr una suspensión condicional del proceso que es una salida alterna que prevé el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), para que el imputado no llegue a un juicio oral.
Incluso, Haideé recordó que el imputado ya logró en este tipo de solución alterna en un proceso diverso por violencia familiar agravada radicado en la causa penal 530/2020 que tiene antecedente en la carpeta 12-20202-03267 que inició en representación de su hijo menor de edad, quien fue agredido físicamente por Jaime N.
De acuerdo con Haideé, aquella suspensión se la otorgó a finales del año 2021 la magistrada Rosalba Cabrera Hernández, de la Sexta Sala Unitaria del Sistema Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia de Hidalgo (TSJEH); sin embargo, puntualizó que inconforme con aquella resolución interpuso un juicio de amparo ante el Poder Judicial de la Federación (PJF) que aún está en proceso de resolución.
A partir de esa suspensión ha pasado un año; sin embargo, para que Jaime N logre una nueva requiere de dos años como lo estipula el artículo 192 fracción III del Código Nacional de Procedimientos Penales.
“La suspensión condicional del proceso, a solicitud del imputado o del Ministerio Público con acuerdo de aquél, procederá cuando (…) hayan transcurrido dos años desde el cumplimiento o cinco años desde el incumplimiento, de una suspensión condicional anterior, en su caso”.
En consecuencia, Haideé consideró que los actos que el imputa realiza a través de su defensa, como el citatorio para comparecer desde Estados Unidos hasta Hidalgo, son una forma de dilatar el proceso para obtener una nueva resolución alterna.
“La situación que estamos viviendo todas las mamás tiene que ver con corrupción en el sistema de impartición de justicia en el Poder Judicial porque a la jueza claramente no le importó, ella sabe que yo ya no estoy en Pachuca (…) lo que la jueza está permitiendo es que haya dilación en el proceso”.
Defensa pretendía recabar entrevistas en privado
Haideé relató que su madre y su padre también fueron requeridos para una ampliación de entrevista el pasado 23 de enero; sin embargo, acusó que Edmundo Hernández Hernández, abogado de Jaime N, pretendía recabar la información sin la presencia de los asesores legales o el Ministerio Público.
“Como (mis padres) se opusieron a la entrevista en las condiciones que pedía el abogado (…) los amenazó con que iba a mandar a traer a la fuerza pública cuando mis papás sí se presentaron al Centro de Justicia para Mujeres para declarar”.
Por lo anterior, se fijó una nueva fecha para el 30 de enero, según consta en un acta de registro firmada por los padres de Haideé, por el defensor particular de Jaime N; así como por Ma. Eva Galindo Martínez, agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Delitos Sexuales y Contra la Familia.
sjl