PACHUCA.- Por irregularidades en el proceso de acusación, un juez federal ordenó liberar a dos personas implicadas en el caso de presunto “lavado” de dinero en el Patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), que llegó hasta su exrector Gerardo Sosa Castelán, ahora en presión domiciliaria.
Así lo reveló la sentencia del expediente penal 263/2020 retomada por Milenio, en el que se asentó que aparentemente el Ministerio Público (MP) de la Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas testimoniales obtenidas de manera ilegal, lo que anulaba de inmediato su validez.
Pues Daniel Ramírez Peña, juez de control del centro de justicia penal del Altiplano, en el Estado de México, asentó que no se tuvo noticia alguna para establecer que la información contra María Luisa Montalvo Sierra y Juan Manuel Hernández Gayosso hubiera sido obtenida mediante autorización judicial.
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“… Al no haberse introducido al juicio prueba alguna que revelara que la FGR hubiera recabado la información bancaria base de la acusación a través de autorización judicial o con consentimiento de cuentahabientes, la misma fue declarada ilícita y por ello no podía surtir ningún efecto jurídico directa o indirecta.”
Los datos añadieron que fueron los abogados Adolfo Estrada Díaz, Ivone Aidé Méndez Navarrete, Marisol López Guzmán, Yéssica Monserrat Osorio Hinojosa, Ivette Guadalupe Cerón Guzmán y José Luis Enríquez Castelán, así como la asesora Marisela Escárcega Ramírez los que lograron desvirtuar la acusación.
Empleado con dislexia “confundió” nombres
Pero además de la obtención de las pruebas de manera ilegal contra María Luisa Montalvo Sierra y Juan Manuel Hernández Gayosso, el juez del Altiplano desestimó el testimonio presentado por la FGR del director general de delitos financieros de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Ángel Salvador Vargas Mitre dijo que padecía dislexia, manifestación que restó credibilidad a la información aportada y cuyo impacto pudo corroborarse en al menos dos ocasiones cuando se le preguntó cuál fue a la empresa a la que denunció y confundió a Contabilidad Pachuca Siglo XX con Contabilidad del Siglo XXI Pachuca.
“… Cuando refirió a las personas que denunció dijo que se acordaba que había dos mujeres, refiriendo a María y María, lo que no dio certeza de las personas a que quiso hacer referencia, máxime que, siendo un director general en delitos financieros, no supo exponer cuál era la denuncia en particular”, citó la sentencia.
Por lo que lo único que sostenía el caso de “lavado” de dinero en la UAEH era el dictamen en materia de contabilidad y testimonios de empleados bancarios, pero al haber sido excluidas las primeras por ser pruebas ilícitas no estaba acreditado el segundo elemento del delito y fue ordenada la liberación.
Este es el caso que llegó hasta Gerardo Sosa Castelán
La FGR atribuyó a María Luisa Montalvo Sierra y Juan Manuel Hernández Gayosso ser parte de una organización delictiva que operó en Hidalgo desde 2011 y 2018, la cual estaba integrada además por Gerardo Sosa Castelán, María Cruz Campos Álvarez y otros, que supuestamente creó un esquema de “lavado” de dinero.
Dicha actividad ilícita consistió en utilizar una sociedad fachada o “fantasma” denominada Contabilidad del Siglo XXI Pachuca Sociedad Civil para dar apariencia de legalidad a recursos que operaron y que supuestamente recibieron recursos de la UAEH; pero la firma no contaba con lo indispensable para prestar servicio.
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