PACHUCA.- Gerardo Romero es abogado desde hace 15 años, aseveró que de cada 100 personas que lo buscan para iniciar una demanda, el 50 por ciento había acudido al Ministerio Público (MP), pero fue rechazado debido a que el MP le dijo que su denuncia no procedía o no recibió atención.
De acuerdo con la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH), durante la administración anterior, fueron iniciadas 875 denuncias y 3 mil 601 quejas en contra de agentes del Ministerio Público por inactividad procesal, no iniciar carpetas de investigación, mala atención o dilación.
Así como por no comparecer ante el Juzgado de Control, aun cuando estaban debidamente notificados; agendar citas diferidas, ausencia en su lugar de trabajo y actuación parcial, según información proporcionada a través de la respuesta a la solicitud de información 130213100145522.
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Derivado de dichos señalamientos, la Procuraduría tuvo que recabar elementos probatorios constitutivos de delito para determinar la veracidad de los hechos materiales de la queja o denuncia; además, en algunos casos solicitó al titular de la Unidad Administrativa la carpeta de investigación en que estaba adscrito el Ministerio Público, para su estudio técnico jurídico; de igual manera analizó las omisiones o irregularidades y, en su caso, dio vista al Órgano Interno de Control.
También hizo sugerencias y exhortos a los servidores públicos para que dieran cumplimiento a sus obligaciones como lo marca las normas aplicables. Los municipios que más registraron ese tipo de incidencias fueron Pachuca, Tulancingo, Tula de Allende, Tizayuca, Actopan, Apan, Mixquiahuala e Ixmiquilpan.
Respecto a las investigaciones, 24 personas inscritas al MP recibieron una sanción, aunque no fue informado de qué tipo, pero durante el procedimiento fueron suspendidos dos agentes del Ministerio Público.
Denunciante no está obligado a acudir al MP con abogado
El abogado refirió que las personas víctimas del delito “sufren mucho para comenzar una carpeta de investigación”, pues no son escuchadas por los Ministerios Públicos o el delito que denuncian es desestimado.
“Cuando los abogados vamos, ya es un poco más accesible la autoridad, pero cuando va la gente sin un asesor jurídico, en muchos casos los terminan regresando, no los atienden, no los reciben, no les levantan su carpeta, y eso los obliga a que necesariamente tengan que ir acompañados de un asesor”, refirió el especialista.
En ese sentido, afirmó que las denuncias que no son tomadas en cuenta al final terminan procediendo cuando el abogado las interpone; sin embargo, en algunas ocasiones se ven obligados a acudir al Juzgado de Control para que un juez penal ordene al MP a que reciba la denuncia.
De acuerdo con la experiencia del jurista, los delitos en los que más son rechazadas las víctimas corresponden a los patrimoniales, abuso de confianza, fraudes y robo, aunque también existen de delitos más delicados, como violencia digital, amenazas, acoso en redes sociales e incluso violencia de género.
De este último, refirió que “el pretexto fue que habían pasado muchos años de las agresiones, y que como no había denunciado inmediatamente, pues ya no procedía, pero lo pudimos revertir después”.
El no atender a los afectados, puntualizó Gerardo Romero, hace que no quede un antecedente del ilícito denunciado y que la cultura de la denuncia se vea afectada, toda vez que los funcionarios públicos tienen “arraigada la cultura de la burocracia”.
No obstante, precisó que las víctimas no están obligadas a llevar a un abogado para que su denuncia sea levantada, ya que “no es requisito legal, los MP están obligados, primero, a escuchar a la gente, abrir carpeta de investigación.
“Si de los hechos se aprecia que no hay elementos para perseguir delitos o investigar a personas o fincar responsabilidad, entonces ya tendría que acordarlo así el MP, pero ya por escrito y en una carpeta de investigación que tenga un número, que esté registrada, porque solo dicen que no se puede y no dejan ningún antecedente y no dan oportunidad de impugnar esa decisión”, refirió.
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