PACHUCA.- A tres días de que se concrete la alternancia en Hidalgo, que por primera vez en 93 años no será gobernado por el PRI, se han registrado las renuncias de los titulares del Tribunal Superior de Justicia (TSJH), Yaneth Herrera Meneses, y de la Procuraduría General de Justicia estatal (PGJH), Alejandro Habib Nicolás.
Ayer por la noche, el TSJH informó que por votación unánime Rebeca Stella Aladro Chavarría fue nombrada magistrada presidenta en sustitución de Yanet Herrera Meneses, quien es prima del gobernador Omar Fayad Menses y estuvo en el cargo desde el 9 de noviembre de 2020.
Al despacho de la Procuraduría de Hidalgo llegó Santiago Nieto Castillo, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del gobierno federal, en sustitución de Alejandro Habib Nicolás, quien se separó de la fiscalía sin un anuncio oficial.
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Nieto Castillo estará a cargo del despacho hasta que sea nombrado un nuevo procurador, como lo señala el Artículo 6 del reglamento de la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de Hidalgo.
Desde el 6 de julio el exfuncionario federal asesoraba al equipo de transición de Julio Menchaca Salazar, quien el próximo 5 de septiembre empezará a gobernar Hidalgo bajo el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
Dicen que la PGJH fabrica culpables
El pasado 31 de agosto, Lucio Baños Gómez acusó que la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH) y del Poder Judicial le fabricaron el delito de amenazas con arma de fuego en contra Eduardo Baños Gómez, quien es su hermano y secretario de Turismo estatal, con el que se disputa un inmueble de 7.4 millones de pesos.
Un día antes, un tribunal de enjuiciamiento absolvió a Lucio Baños. Durante la audiencia, causa penal 78/2022, se determinó que el Ministerio Público (MP) no fue capaz de probar las acusaciones del secretario de Turismo.
Otro caso en el que el Ministerio Público fue señalado de fabricar un delito es el de Fernando Ríos Maqueda, absuelto del homicidio de Gerardo Sosa Cravioto, primogénito del expresidente del Patronato de la UAEH, Gerardo Sosa Castelán, quien enfrenta un juicio de lavado de dinero en prisión domiciliaria.
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El 14 de abril de 2022, el Tribunal de Enjuiciamiento decretó la libertad de Fernando al considerar que carece de valor el cateo que ejecutaron ocho agentes de investigación, un comandante y dos peritos en la vivienda de Fernando, donde presuntamente localizaron el arma homicida, una pistola calibre 45.
Un día después de salir de prisión, Ríos Maqueda dio una conferencia de prensa en la que dijo que la Procuraduría de Hidalgo le había fabricado un delito y que analizaba la posibilidad de demandar a la institución debido a que estuvo en prisión preventiva durante dos años.
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