PACHUCA.- La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a un juez federal, sentencia de pena máxima, 55 años de cárcel, a Gerardo Sosa Castelán, expresidente del Patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), acusado por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.
Carlos Melo Ponce, fiscal adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Falsificación o Alteración de Moneda, solicitó por escrito imponer 40 años de cárcel por el delito de delincuencia organizada y 15 más por lavado de dinero (pena máxima para cada caso); así como 30 mil días de multa para la reparación del daño.
El político hidalguense es acusado de liderar una organización dedicada a sustraer recursos de la UAEH, mediante la dispersión a despachos contables y compañías falsas. En la investigación con la causa penal 263/2020 se habla de 58 millones 245 mil 948 pesos triangulados entre 2011 y 2018 a través de las empresas Contabilidad del Siglo XXI, Pachuca Sociedad Civil..
Te podría interesar
Los recursos fueron a parar, según la investigación de la FGR, a la empresa Inmobiliaria, Constructora y Arrendadora Yolo S.A de C.V; Contabilidad Automatizada Hidalgo SC y la compañía Eficiencia en Negocios y Asociados SC.
Implicados en esta organización se encuentran los nombres de sus hijas Adriana y Ana Carmen Sosa Cravioto, ambas prófugas. Mientras Juan Manuel Hernández Gayosso, María Luisa Montalvo Sierra, y María Cruz Campos Álvarez, estos últimos privados de su libertad; y a quienes también se solicitó condenar a 35 años de cárcel y 17 mil 500 días de multa, por complicidad.
Te podría interesar
Lee también en LSR Hidalgo: "Si la gente no quiere parquímetros, yo tampoco": Baños recula su propuesta
La petición de sentencia fue recibida, mediante oficio, por el juez de control Gregorio Salazar Hernández, quien está a cargo de este caso que inició el 31 de agosto de 2020, fecha en que se ejecutó la orden de aprehensión a Gerardo Sosa, tras una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) desde 2017.
"Porque lesionaron gravemente la seguridad pública y penal, el sistema financiero y la economía nacional, y la puesta en peligro que sufrió la seguridad del país es alta, pues el delito de delincuencia organizada está considerado como delito de alto impacto, que afecta la gobernabilidad del país", señaló el fiscal Carlos Melo en el documento.
Gerardo Sosa fue detenido en la Ciudad de México e ingresado al penal de máxima seguridad del Altiplano, donde permaneció un año cinco meses, hasta febrero de este 2022, cuando un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez autorizó el cambio de medida cautelar por la de arraigo domiciliario, debido a problemas en la salud del político hidalguense.
jgp