El mes pasado, el Congreso del Estado de Hidalgo convocó a las personas que ejercen el periodismo, así como a las defensoras de derechos humanos del estado de Hidalgo, a un foro para discutir una reforma donde se incorporan varios elementos, entre ellos, un mecanismo de seguimiento donde participan, la sociedad civil, activistas de derechos humanos y de las que se dedican al periodismo.
Este hecho fue recibido como una oportunidad para algunas y como una afrenta para otras; una oportunidad para las ingenuas que consideran que la Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y de Salvaguarda de los Derechos para el Ejercicio del Periodismo puede ser fortalecida. Una mera ilusión, pues la Ley prácticamente es letra muerta, puesto que, desde su creación no se generó su reglamento y por lo tanto su nula utilidad. Además, que no hubo un espejo en los lineamientos nacionales e internacionales, por ello se fueron haciendo parches desde entonces.
Una afrenta para otras, puesto que puso en evidencia a grupos de periodistas conocidos como “chayoteros”, que son muy allegados a la clase política en el poder y que siempre buscan sacar ventaja con el pago de publicidad o contratos “especiales”; lo que generó un desacuerdo por aquellas personas que todos los días están en la calle, buscando la nota, buscando ser lo más apegados a la realidad, críticas y objetivas con la finalidad de informar, de garantizar el derecho a la información de la población.
Más allá de estas posturas y de que el Foro haya estado muy desordenado y con poca claridad de lo que se quería, así como una metodología muy confusa, algunas personas defensoras y periodistas manifestamos y reclamamos al Poder Legislativo, el hecho de que se nos convoque a opinar sobre una reforma, cuando es necesario reformular toda la Ley; del mismo modo manifestamos nuestra indignación porque la defensoría de los derechos humanos sea un tema que poco les importe, puesto que siguen sin nombrar a la o el Ombudsperson.
Aun así, con algunas protestas en carteles y calcomanías en las ropas, las personas defensoras decidimos participar y aportar comentarios, opiniones e incluso dispuestas a tener mesas de trabajo para homologar toda la Ley, no sólo la propuesta de reforma enunciada por el Diputado Roberto Rico, sino de retomar desde las metodologías y resultados de los Foros Nacionales impulsados por el “Espacio OSC para la protección de las personas defensoras y periodistas” y que han sistematizado en el documento “Puntos Prioritarios para Garantizar el Derecho a Defender los Derechos Humanos y a la Libertad de Expresión”.
Este documento hace un llamado a generar una política pública para garantizar el derecho a defender derechos humanos, así como al ejercicio de la libertad de expresión, ya que de acuerdo a diversos acuerdos internacionales es una obligación del Estado. Una política que logre articularse en los tres órdenes de gobierno, que tenga una visión de protección integral, es decir, que no sólo vea a personas defensoras de derechos humanos y periodistas como sujetos de protección, sino como plenos de derechos, donde el ejercicio de su derecho a la participación sea tomado en cuenta.
De acuerdo a este documento, uno de los derechos prioritarios que el Estado está obligado a proteger a las personas defensoras, es el de presentar críticas y propuestas a los órganos y organismos gubernamentales y organizaciones que se ocupan de los asuntos públicos, mejorar su funcionamiento y llamar la atención sobre cualquier aspecto de su labor que pueda impedir la realización de los derechos humanos. Aunque esta idea, en un estado que ha sido gobernado por más de 90 años por el PRI, ha generado en varias figuras públicas, posturas vergonzosas, por decir lo menos; posiciones que miran a las personas defensoras de los derechos humanos, como sujetos enemigos del Estado, generando desde comentarios, denuncias y hasta agresiones, que demeritan nuestro quehacer e integridad física como personas defensoras.
Por otro lado, el derecho que debiera resonar en esas personas que ostentan un puesto público o que, comúnmente se les conoce como funcionariado público o autoridades, de acuerdo con la “Declaración Sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidos, es el de obtener protección eficaz de las leyes nacionales al reaccionar u oponerse, por medios pacíficos a actividades, actos y omisiones imputables a los Estados que causen violaciones de los derechos humanos. Por lo que el derecho a defender derechos humanos está ligado al derecho a la protesta pacífica.
Desde la estructura estatal se requiere de un mapeo del estado de Hidalgo, conocer dónde hay personas defensoras de derechos humanos, aplicando el más amplio concepto de personas defensoras; en estos lugares la autoridad está obligada a generar los mecanismos suficientes, en el amplio respeto a los derechos humanos de las personas defensoras y periodistas, para salvaguardar su integridad y evitar actos como el asesinato del defensor Jesús Bañuelos y de otras 4 personas defensoras asesinadas en Hidalgo en los últimos 10 años.
Defender los derechos humanos es una tarea muy compleja, complicada y en muchos de los casos riesgosa, porque siempre hay intereses que se afectan, algunos son sólo sociales, políticos, pero también hay intereses económicos, corrupción, entre otras; por lo tanto, la vida y la integridad de las personas defensoras y de las periodistas dispuestas a publicar la verdad está en riesgo. Sean estas líneas un llamado a continuar la discusión, necesitamos una Ley donde las personas defensoras seamos visibles, donde se reconozcan nuestros derechos, dónde se aseguren los mecanismos para garantizarlos y desde luego, donde nuestra palabra sea escuchada realmente.