PACHUCA.- Las barandillas municipales de Atotonilco El Grande, Tizayuca y Zacualtipán, que fueron creadas para sancionar hasta por 36 horas a infractores administrativos, albergaban a 28 reos procesados y sentenciados que ya fueron trasladados a penitenciarías de Pachuca, Molango y Tulancingo, de acuerdo con datos del Poder Judicial de Hidalgo (PJEH).
La reclusión irregular en estas tres cárceles distritales fue denunciada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) el 30 de octubre de 2018 a través de la recomendación 43 que emitió el organismo hacia Blanca Sánchez Martínez, entonces presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado.
La CNDH ordenó trasladar a Centros de Readaptación Social (Ceresos) a las personas privadas de libertad (PPL) en los tres municipios de Hidalgo; al respecto, el Poder Judicial respondió en atención a una solicitud de información que había 39 reos resguardados en barandilla, de los cuales 10 obtuvieron su libertad, uno fue remitido a otra entidad por incompetencia y los 28 restantes a penitenciarías estatales.
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De acuerdo con las estadísticas del PJEH, 20 de los reos condenados y vinculados a proceso se fueron al Cereso de Pachuca; cuatro a Tulancingo; tres a Molango, el último caso no fue especificado.
Las numerarias proporcionadas también demuestran que la barandilla de Tizayuca resguardaba a 18 reclusos; Zacualtipán, seis y Atotonilco El Grande, cuatro.
Lo anterior, aun cuando los encargados de estos tres lugares refirieron al personal de la CNDH que, al ser áreas de retención de índole municipal, carecían de personal e instalaciones.
Por ello, el organismo autónomo consideró que las autoridades judiciales de Hidalgo violentaron los derechos a la seguridad jurídica y legalidad de las personas privadas de la libertad. En consecuencia, ordenaron el traslado.
sjl