PACHUCA. – Fidel N, Felipe N y Elías N, presidentes municipales de Epazoyucan, Huautla y Yahualica, respectivamente, ya fueron recluidos en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Pachuca; mientras que Luis Enrique N, alcalde de Nopala, permanecerá en libertad, pero con la restricción de salir del país.
Los cuatro alcaldes fueron detenidos el 23 de noviembre por estar presuntamente vinculados con una red de corrupción conocida como “Estafa Siniestra” y señalados por la malversación de 172 millones 978 mil 65 pesos.
Tras la detención, fueron puestos a disposición por separado ante cuatro jueces de control adscritos a los Juzgados Penales de Control, Juicio Oral y Ejecución del Primer Circuito Judicial de Pachuca y ayer mismo, el Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo, les formuló imputación por los delitos de peculado agravado, así como por uso ilícito de atribuciones y facultades en agravio de la administración pública.
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(Fotos: Stock)
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Sin embargo, los presidentes municipales Fidel N, Felipe N y Elías N, solicitaron a los jueces de control resolver su situación jurídica en una audiencia diversa y se acogieron a la duplicidad del término que equivale a 144 horas, por lo que la vinculación o no a proceso ocurrirá hasta el 28 de noviembre.
Por lo anterior, también se les fijó la medida cautelar de prisión preventiva justificada para evitar que se den a la fuga y, en consecuencia, permanecerán recluidos en la penitenciaría de Pachuca hasta su próxima audiencia.
Dicha medida no fue aplicada al alcalde de Nopala, Luis Enrique N, quien enfrentará su proceso en libertad debido a que cuenta con un amparo del Poder Judicial de la Federación (PJF); sin embargo, tiene restricción para salir del país y debe retirarse de su encargo en la administración municipal.
(Fotos: FB alcaldes Hidalgo)
Las audiencias de los cuatro alcaldes de programaron el día de ayer a partir de las 17:00 horas; sin embargo, las cuatro se desahogaron de manera privada porque los ministerios públicos de la Procuraduría de Hidalgo argumentaron que exponer los datos ante el público y medios de comunicación, podría poner en riesgo las líneas de investigación e incluso alertar a más personas involucradas.
jgp