PACHUCA.- Fidel N y Felipe N, alcaldes de Epazoyucan y Huautla, respectivamente, fueron presentados ante un juez de control para la formulación de imputación por peculado y uso ilícito de atribuciones; sin embargo, defensores y ministerio público solicitaron que las audiencias se llevaran a cabo a puerta cerrada.
Las diligencias comenzaron entre las 19:00 y 19:30 horas en Juzgados Penales de Control, Juicio Oral y Ejecución de Pachuca; pero poco antes de las 20:00 horas, el público y los medios de comunicación fueron desalojados de las salas de oralidad.
El presidente municipal de Huautla, Felipe N, fue presentado en la sala número 7 ante la jueza de control Janett Montiel Mendoza y su caso quedó radicado en la causa penal 1363/2022.
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Sin embargo, previo a la formulación de imputación, el Ministerio Público (MP) de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), pidió llevar a cabo la diligencia a puerta cerrada, tras argumentar que expondrían "datos sensibles", como nombres, datos personales y estados de cuenta bancarios. A la petición se sumó la defensora particular y el alcalde.
Un caso similar se replicó en la audiencia inicial contra el presidente municipal de Epazoyucan, Fidel N, llevado ante del juez de control Luis Raúl González Becerra, en la sala número 5. Este caso se radicó en la causa penal 1497/2022.
Los abogados de este edil solicitaron que la audiencia se desahogara de forma pública porque consideraron que era un derecho de su representado; sin embargo, el Ministerio Público pidió lo contrario y finalmente la decretaron privada.
En el transcurso de la noche se espera que los alcaldes Luis Enrique N y Elías N, de Nopala y Yahualica, respectivamente, también sean llevados ante un juez de control, el primero en la sala 6 y el segundo en la número 4.
El sistema acusatorio oral privilegia la publicidad y al respecto, el artículo 64 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), precisa algunas excepciones del principio de publicidad.
En ese aspecto, puntualiza que una audiencia puede ser a puerta cerrada, cuando: pueda afectar la integridad de alguna de las partes; por seguridad pública; cuando peligre un secreto oficial, particular, comercial o industrial; si es que el Órgano jurisdiccional lo estima conveniente; o en caso que se afecte el interés superior de la niñez.
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