PACHUCA.- El alcalde de Huautla, Felipe Juárez Ramírez, aseguró encontrarse tranquilo ante los señalamientos de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH), quien enlistó en septiembre pasado al municipio como uno de los involucrados en el presunto desvío de más de 500 millones de pesos.
El presidente municipal aseguró que el recurso que llega a las arcas de la alcaldía es utilizado para atender las necesidades de la población, “vamos avanzando en el trabajo… me encuentro tranquilo ante esos señalamientos, porque simplemente los trabajos están, lo que se está dando. El que nada debe nada teme”.
Sin abundar en detalles sobre el caso, afirmó que la procuraduría, la Contraloría estatal y la Auditoría Superior del Estado (ASEH) están avanzando en el tema, por lo que confía que pronto se den resultados.
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No obstante, en septiembre, días después de darse a conocer el nombre de los municipios involucrados en la supuesta estafa millonaria, medios de la región informaron que el Tesorero municipal Martín Austria Hernández, afirmó que el ayuntamiento recibió 12 millones de pesos para la adquisición de insumos para la atención del covid-19, así como 14 millones para la rehabilitación de caminos, pero no hay evidencia de que el recurso se haya aplicado, pues fue transferido a una empresa de Oaxaca.
Por su parte, Itzel Castillo, exdirectora del Sistema DIF municipal, aseguró que fue cesada de su cargo el 15 de julio al no querer firmar una adjudicación directa para la adquisición de insumos covid.
Señalamientos contra Felipe Juárez
Según medios locales, el edil Felipe Juárez ha sido objeto de constantes señalamientos por la población, ya que ha incumplido compromisos en materia de obra pública, fue denunciado por supuestamente ser uno de los principales promotores de la tala inmoderada en el municipio, así como por la adquisición de un terreno de más de 20 hectáreas para un rancho.
Dos alcaldes regresan recursos
Hace unos días, el contralor del estado, Álvaro Bardales Ramírez, aseguró que los alcaldes de Tepeji del Río, Salvador Jiménez Calzadilla, y Singuilucan, Marcos Miguel Taboada, devolvieron poco más de 84 millones de pesos (58 millones y 26 millones, respectivamente) como parte de los más de 500 millones involucrados en la presunta red de desvío de dinero.
Sin embargo, las autoridades han asegurado que no por regresar el recurso las investigaciones se suspenderán, toda vez que las indagatorias corresponden a una carpeta de investigación abierta.
Además, las averiguaciones incluyen a 13 tesoreros y a seis o siete funcionarios que, de alguna y otra manera, en cada municipio participaron; así como al Comité de Adquisiciones, al Comité de Obras, a quienes hicieron la licitación, los aciertos contables, aperturaron las cuentas bancarias, entre otros.
sjl