En la causa penal 263/2020 que la Fiscalía General de la República (FGR) sigue en contra de Gerardo Sosa Castelán, presidente del Patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) por presunto lavado de dinero de 58.2 millones de pesos, el nombre de su hermano Damián Sosa, candidato de Morena a presidente municipal de Tulancingo, aparece por ser el principal accionista de una empresa constituida con el patrimonio de la casa de estudios, que, además, sirvió como puente para hacer depósitos a una empresa fachada y ésta enviara el recurso a los receptores finales, entre ellos Gerardo y sus hijas.
De acuerdo con la declaración de Óscar Pacheco Medina, testigo colaborador de la FGR, Damián Sosa Castelán se convirtió en el accionista mayoritario de Inmobiliaria, Constructora y Arrendadora Yolo SA de CV después de “aparentemente” haber realizado diversos préstamos por siete millones de pesos. Con ello, el testigo –que se acogió a un criterio de oportunidad para delatar y aportar pruebas a cambio de no ir a prisión– sugiere que los préstamos fueron simulados.
Al supuestamente aportar siete millones, recibió mil 400 acciones de la constructora. El resto se distribuían de la siguiente forma: Adriana del Carmen Cravioto Torres, esposa de Gerardo Sosa, 180 acciones al aportar 950 mil pesos, y Pacheco Medina, con diez.
Con base en el testimonio, Inmobiliaria, Constructora y Arrendadora Yolo SA de CV fue creada el 15 de diciembre de 2001 por Óscar Pacheco, pero por instrucción de Gerardo.
Inicialmente, el capital fue de 50 mil pesos y un total de diez acciones: cinco para el ahora testigo y cinco para su hija, que después, por acuerdo con el mayor de los Sosa Castelán, fueron cedidas a Pacheco Medina.
Lee también en LSR Hidalgo: Acusa Maritza ''influyentismo'' de diputadas para liberar a su agresor
En la trama financiera que la FGR imputa al presidente del Patronato de la UAEH, Inmobiliaria, Constructora y Arrendadora Yolo es responsable de transferir 31 millones 305 mil 88 pesos a la empresa de papel Contabilidad del Siglo XXI, la mayor cantidad de los 58.2 millones por los que acusa al también exrector de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
De la empresa fachada, el dinero salía para las cuentas de Gerardo, sus dos hijas, Ana Carmen y Adriana Sosa Cravioto, prófugas, y tres personas con estrecho vínculo con el grupo: Francisco Natalio Zamudio Isbaile y Anastasia Elizabeth Baños Baños, ambos con orden de aprehensión, así como Juan Manuel Hernández Gayosso, recluido, al igual que la cabeza de lo que la FGR denominó “organización criminal dedicada a sustraer recursos de la UAEH”, en el penal de máxima seguridad de El Altiplano, en el Estado de México.
Según Pacheco Medina, Inmobiliaria, Constructora y Arrendadora Yolo se conformó y tuvo crecimiento patrimonial con los recursos de la universidad. Declaró que 45 millones los utilizaron para comprar un terreno en San Antonio, Ciudad de México, donde construyeron una nave industrial, y cuatro millones más para otro en Teziutlán, Puebla.
Damián Sosa Castelán busca, mediante requerimientos de amparos, protección federal ante una posible orden de aprehensión.
De los accionistas de empresas en las que se dispersó el recurso, están en prisión las dos supuestas dueñas de Contabilidad del Siglo XXI, en tanto que contra Zamudio Isbaile, que controla cuatro despachos contables utilizados en esta trama financiera, según la FGR, tiene orden de aprehensión. De Inmobiliaria, Constructora y Arrendadora Yolo, Pacheco Medina, uno de los tres accionistas, es el testigo colaborador, los otros dos con capital en esta firma son Adriana Cravioto Torres y Damián Sosa Castelán.
jgp