Hace unos días, acudí a una entrevista sobre niñez y crimen organizado. Me hizo pensar en lo rápido que la sociedad olvida las condiciones en que viven las niñas, niños y adolescentes y los riesgos que actualmente corren. En 2006 cuándo se inició la guerra contra el narcotráfico por el entonces presidente, Felipe Calderón, se advirtió de las consecuencias que esto traería, pero la gran mayoría de las veces el gobierno no hace caso de los llamados desde la sociedad civil.
Fue en 2010 que comenzamos a saber, a través de las noticias, sobre adolescentes principalmente, que colaboraban con el crimen organizado, casos como el de Edgar Jiménez, mejor conocido como “El Ponchis” o cómo “El Niño Sicario” en Morelos, y hasta la noticia más reciente de dos adolescentes indígenas asesinados y desmembrados, por un supuesto ajuste de cuentas en la Ciudad de México. Y es que, en esa guerra contra el narcotráfico, que ahora se llama Estrategia Nacional de Seguridad Pública, el Estado tiene toda la estructura del gobierno para reclutar a quiénes formen parte de la guardia nacional, pero el crimen organizado no la tiene, por eso recurre al reclutamiento de múltiples formas, entre ellas la de niñas, niños y adolescentes.
Cada día, la realidad supera lo inimaginable, casos tan terribles no debieran suceder; sin embargo, la estrategia no ha cambiado, la crisis de derechos humanos y en particular sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes sigue creciendo. La oleada de desaparición y de asesinatos de estas personas continúa. Cada día asesinan a siete y desaparecen a otro tanto en México. Esto además de ser preocupante, nos debe llevar a reflexionar ¿Qué están haciendo las autoridades para garantizar la vida y el sano desarrollo de la niñez y la adolescencia? ¿Seguirán confinadas debido a la inseguridad, una vez que pase la pandemia por la crisis de covid-19? ¿Tomarán en cuenta a esta población en las elecciones de 2021 y 2022?
Me atrevo a decir, que si bien la educación, la salud y la alimentación han sido prioridad de algunas autoridades, no están atendiendo todas las problemáticas, porque siguen siendo poco visibles, hasta que llega un caso que nos estremece, como los mencionados al principio, nuevamente saltan las preocupaciones y se retoman los temas.
Siempre que me preguntan cómo atender la problemática, mi respuesta ha sido la misma: necesitamos analizar las causas y los contextos del por qué están en ese espacio, en esa situación y qué les llevó a tomar esa decisión, posteriormente preguntarnos: ¿qué estamos haciendo como sociedad, pero principalmente como gobierno?
De acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), hay varias causas por las que la niñez y la adolescencia es reclutada por el crimen organizado, pero es posible clasificar en tres variables: primero, por tradición familiar, son quienes viven con algún familiar que forme parte de estas actividades delictivas. La segunda es una decisión por sobrevivencia, es decir, cuándo en el contexto geográfico no pertenecer a estos grupos es un riesgo para perder la vida, en estos casos entran las venganzas. Y la tercera qué es reclutamiento forzado, cuándo niñas, niños y adolescentes son secuestrados o desaparecidos de su familia y obligados a realizar los trabajos de fabricación, distribución o venta directa en otros lugares.
Obviamente las y los adolescentes que deciden pertenecer al crimen organizado conocen los riesgos, hay miedos, muchos de ellos se generan expectativas de poder o dinero para disminuirlos. Hay que advertir también, que las y los adolescentes que se dedican al sicariato son los menos, la mayoría están en toda la cadena de producción y distribución hasta llegar al consumidor final, en el caso de las de drogas.
HUACHICOLEO
Los estados que presentan este fenómeno son los que tienen alta presencia de crimen organizado, lamentablemente Hidalgo no escapa a este fenómeno y aunque no es visible el relacionado directamente con drogas, es visible con relación al robo y distribución de combustible, comúnmente conocido como “huachicoleo”; en éste, los niños o adolescentes, son quiénes establecen redes de vigilancia, algunos ya comercializan o distribuyen, si no se atiende el problema, existe el riesgo de que un caso emblemático que nos desgarre el alma lo miremos alguna vez en las noticias.
De acuerdo con el estudio realizado por REDIM sobre niñez y crimen organizado en México, Hay en los Centros de tratamiento interno para adolescentes, alrededor de 6 mil que han sido detenidos por delitos relacionados con el crimen organizado, pero esto no representa más que la tercera parte de las y los adolescentes que se encuentran en estos lugares.
Este diciembre tomaron protesta en Hidalgo 82 nuevos ayuntamientos, de todas y todos ¿quiénes estarán mirando esta como una problemática que les atañe en los espacios locales? ¿Quiénes estarán realmente atendiendo las problemáticas sociales como ésta, más que preparar campañas para los próximos dos años? ¿Serán las acciones realmente políticas de Estado en el municipio o sólo cosas que se han de “cacaraquear” como las más innovadoras de toda la historia?
Por eso es necesario ejercer nuestra ciudadanía, esa es una de las tareas pendientes en esta democracia, es trabajo también de las organizaciones defensoras de derechos humanos y por Ley de todas las personas que tengan conocimiento de que algún niño, niña o joven esté viviendo o sufriendo algún tipo de violencia, maltrato o que sea obligado a hacer trabajos de este tipo. Así que, si sabes de un caso similar, acude a las autoridades y hagamos de la denuncia, una cultura…y después insistamos con ellas y exijamos los derechos que nos pertenecen.