Daniel Andrade
Tras la gran polémica que se generó luego que por mayoría de votos la Cámara de Diputados desechara la solicitud de desafuero contra Cuauhtémoc Blanco, lo cual fue avalado por seis de los siete diputados federales que representan a Hidalgo, uno de ellos el legislador de Huejutla Daniel Andrade Zurutuza, quien, como ha sido el discurso oficial, argumentó que el expediente contra el exgobernador de Morelos no contaba con las pruebas suficientes. El caso de Blanco Bravo no solo es un asunto legal, sino un reflejo de cómo la política y la justicia se entrelazan en México. La cámara baja determinó que la solicitud de la Fiscalía de ese estado no tenía los elementos suficientes para proceder, lo que provocó indignación entre quienes exigen justicia por la grave acusación que enfrenta el también exfutbolista: el presunto intento de violación contra su media hermana. La decisión avivó la percepción de que el fuero sigue siendo un escudo de impunidad para los poderosos, dejando a las víctimas en un limbo de incertidumbre. Ahora, los diputados y diputadas que votaron a favor tienen que enfrentar el riesgo y las consecuencias de sus decisiones ante la opinión pública.
Lucha por magistratura
Este miércoles, los 10 aspirantes a la magistratura que lleva más de dos años vacante en el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH) comparecieron ante la Comisión de Justicia del Senado de la República. Cada uno tuvo apenas un tiempo de 10 minutos para demostrar que son los idóneos para ocupar el cargo. Los aspirantes son: Lilibet García Martínez, magistrada por ministerio de ley; Miriam Saray Pacheco Martínez, consejera del IEEH, Brenda Paloma Cornejo Cornejo; Diana Jeanethe Rodríguez López, fiscal especializada en delitos electorales, Franco José Miguel García Velasco, Carlos Edgardo Serrano Contreras; Uriel Lugo Huerta, exsecretario general del IEEH, Luis Fernando Alvarado Alemán; Martha Alicia Hernández Hernández, colaboradora del IEEH y Verónica Hernández Pérez, también trabajadora del IEEH. El próximo 4 de abril la Comisión de Justicia tendrá que definir el perfil idóneo para someterlo a votación ante el pleno del Senado.
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Sergio Baños
El expresidente municipal de Pachuca suma otra denuncia más derivado de las irregularidades detectadas en su administración. Esta vez fue la regidora priista Nadya Reina Camacho quien interpuso la querella ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción. Además de Sergio Baños Rubio, también están involucrados el extesorero, la exdirectora de administración y la excontralora por los presuntos delitos de peculado, negociaciones indebidas y uso ilícito de atribuciones y facultades. La denuncia es por la presunta simulación de contratación de personal, en este caso de tres personas que estuvieron adscritas a la dirección jurídica, quienes cobraban salarios de entre 20 y 25 mil pesos sin desempeñar funciones reales en el ayuntamiento durante dos años de los cuatro que duró la administración. Se presume que había más “aviadores”; sin embargo, se están recabando las pruebas.