Alejandro Alcántara
El diputado local de Movimiento Ciudadano, Alejandro Alcántara Carbajal, enfrenta críticas luego de que la ayuda recolectada en su centro de acopio —supuestamente destinada a familias afectadas por la vaguada monzónica en Huehuetla— fuera enviada al municipio de Cardonal, una demarcación que no aparece entre las zonas afectadas ni prioritarias según el gobierno federal. El hecho genera suspicacias, ya que el hermano del legislador, Ismael Alcántara, funge como subdirector del DIF municipal de Cardonal. Aunque el diputado aseguró que atendió un “llamado ciudadano” y agradeció a la presidenta del DIF local por su apoyo, la coincidencia desató cuestionamientos sobre un posible uso político o familiar de la colecta solidaria, empañando el gesto altruista promovido desde la llamada “Casa Naranja” en Atotonilco de Tula.
Jesús Martínez
La noticia sacudió al futbol mexicano: un juez de control de la Ciudad de México giró una orden de aprehensión contra Jesús Martínez Patiño, presidente de Grupo Pachuca, por el presunto delito de desobediencia de particulares agravado. El caso se desprende del conflicto legal entre Grupo Pachuca y Fox Sports México tras la ruptura de su relación contractual, que afectó los derechos de transmisión del Club Pachuca y Club León en la Liga MX. A través de un comunicado, el consorcio calificó la medida como un “acto de intimidación ilegítimo” y acusó irregularidades en el proceso judicial, al tiempo que reafirmó su disposición a resolver el caso dentro del marco legal. La defensa de Martínez y del directivo Gerardo Cabrera optó por interponer un amparo indirecto ante el riesgo de ser vinculados a proceso o privados de su libertad, lo que finalmente derivó en la orden emitida el 27 de octubre. En un video, Martínez dijo que este miércoles dará más información al respecto.
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Iniciativa con dudas
Pese a que estaba contemplada desde un día antes, el Congreso de Hidalgo retiró del orden del día la iniciativa que pretendía derogar las disposiciones sobre proporcionalidad salarial en organismos públicos, particularmente en la Comisión de Derechos Humanos del Estado. La propuesta buscaba modificar el marco normativo que establece límites y criterios de racionalidad en las percepciones de servidores públicos, medida que ha sido clave para evitar disparidades y garantizar que nadie gane más que el gobernador. De haberse presentado y eventualmente aprobado, la reforma habría abierto la puerta a modificar tabuladores internos y compensaciones en la Comisión y otros entes. La iniciativa generó especial atención porque, en 2022, la presidenta del organismo, Ana Karen Parra Bonilla, había prometido reducir su salario “en congruencia con el pueblo”, aunque un año después admitió que no lo hizo porque el cambio requería autorización legislativa. Su postura vuelve a cobrar relevancia ante la posibilidad de que el Congreso flexibilice las normas que regulan las remuneraciones en el sector público.