Exalcaldes de Tlaxcoapan
Quienes coinciden como residentes en el Cereso de Tula son los expresidentes municipales de Tlaxcoapan Miguel Ángel N, quien estuvo al frente del ayuntamiento en la administración 2012-2016, y Jovani Miguel N, quien fungió como alcalde de 2016 a 2020. Ambos personajes enfrentan procesos penales acusados de los delitos como peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades. Apenas esta semana, el panista Jovani Miguel fue vinculado a proceso por tercera ocasión por presunto peculado por un monto de 3 millones 656 mil 242 pesos en agravio de la administración pública, ello derivado de que no pagó, junto con su extesorera, el Impuesto sobre la Renta que obtuvieron de las retenciones por sueldos y salarios, por lo que posteriormente se le emitió un crédito fiscal al ayuntamiento que tuvo que pagar y que ocasionó un daño al erario.
Con amparo, libra proceso penal
Raúl Meneses, expresidente municipal de Progreso de Obregón, quedó libre de cargos, luego que el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito le otorgó un amparo con el que deja sin efecto el auto de vinculación a proceso, por considerar que los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación, que fueron aportados por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), fueron insuficientes para acreditar el hecho que la ley señala como delito de peculado agravado. La resolución emitida ya no admite más inconformidades, por lo que queda firme y ya no hay delito que perseguir en contra del exalcalde que mantenía su proceso en libertad. A Raúl Meneses se le señalaba de un presunto desvío de 1.6 millones de pesos que estaban destinados a combatir la pobreza en comunidades de alta y muy alta marginación, y aplicarlos en equipo médico que nunca ingresó al inventario municipal, por lo que había sido detenido el 25 de agosto de 2023.
Acusan saqueo en río de Huazalingo
Habitantes de Huazalingo denunciaron que el ayuntamiento saquea arena y grava del Río San Pedro, sin los permisos necesarios de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de la Procuraduría de Protección al Ambiente (Profepa), así como de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), por lo que solicitaron la intervención de la autoridad federal y estatal para detener estas actividades. Pese a que reconocen que el material extraído se utiliza para una obra que beneficiará a la población, lo que no es correcto, dijeron, es el saqueo del material de construcción, así como el hecho de que la maquinaria que se utiliza para la transportación es propiedad del esposo de la actual presidenta municipal, Vanessa Mejía Hernández, de extracción petista, por lo que igual se presume un conflicto de interés.