No son terrorismo, dijo Claudia Sheinbaum. Y tal vez tenga razón, sobretodo porque estas acciones no tienen fines políticos, ni ideológicos. Son acciones criminales. Actos violentos para aparentar una crisis de seguridad y para presionar a los gobernantes.
Los narcos y huachicoleros están usando los coches bomba, en Acámbaro, en Jerécuaro, como recurso para tratar de establecer un diálogo con las nuevas autoridades. Algo así como: se sientan a platicar o seguimos provocando temor en la ciudadanía. Son actos de presión. Desafíos claros al Gobierno Federal para ver cómo reponden las nuevas autoridades federales y estatales.
La respuesta de Claudia Sheinbaum fue contundente: mandó 300 soldados a Acámbaro y otros 100 a Jerécuaro, y atrajo la investigación a la Fiscalía General de la República.
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La respuesta de la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, por su parte, fue rápida y certera: reunión urgente del búnker de seguridad, comunicación con las presidentas municipales y presencia permanente de las Fuerzas de Seguridad del Estado y del Ejército Mexicano en las calles de Guanajuato.
Ese mismo día, hubo violencia en Sinaloa, enfrentamientos armados en Guerrero, y una cabeza decapitada de un agente de tránsito en Veracruz. La violencia como recurso para tratar de forzar a un diálogo.
¿Qué impacto tuvieron entonces estos coches bomba? La población se asustó, como era de esperarse. Y los periódicos -que ya nadie lee- llevaron fuego en las portadas.
Pero dentro de la emergencia y el llamado de alerta, al menos salió algo positivo de todo esto: vimos por primera vez toda la fuerza del Estado Mexicano, federal y estatal, trabajando juntos para mantener el estado de derecho. Justo lo que estábamos esperando. Un Estado fuerte y único, decidido a mantener el orden en Guanajuato.
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