Pénjamo, Guanajuato.- Lo que se retrató como una “práctica” terminó desencadenando una indignación profundamente justificada: estudiantes de la carrera de Criminología de la Universidad?EDUCEM en Pénjamo ataron pirotecnia a un gato para hacerlo explotar, un acto que no solo supera los límites de lo permitible, sino que viola la dignidad de la inocencia y la ley.
Organizaciones como Gaticos A.C. de León difundieron el caso luego de que circularan fotografías y videos en los que se ve al animal en plena agonía. Los activistas recalcaron que este no es un “error juvenil”, sino un delito tipificado en el artículo 297-A del Código Penal del Estado de Guanajuato . Debe dolernos más cuando quienes cometen el acto son estudiantes formados en la identificación y sanción de delitos.
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La Fiscalía General del Estado ya abrió una investigación. Según reportó La Jornada, “la Fiscalía integró una carpeta de investigación para identificar a los responsables… cometieron un acto atroz: amarraron pirotecnia al cuerpo de un gatito y lo hicieron explotar, provocándole un sufrimiento inimaginable” . El secretario de Gobierno, Jorge Jiménez Lona, condenó enfáticamente la conducta y llamó a que la ciudadanía colabore, aportando cualquier información que ayude a dar con los responsables .
El contraste no puede ser más cruel con otro episodio reciente: en Xichú, Guanajuato, tres gatos fueron amarrados a pirotecnia y torturados públicamente. Aunque hay un proceso judicial en curso, las sanciones aún no se concretan . Quienes responsabilizan a las autoridades, incluyendo a la gobernadora Libia Dennise García, denuncian que su respuesta fue superficial. Su aparición sonriente en un video, prometiendo investigaciones para “apagar la crisis mediática”, resultó insuficiente y carente de empatía .
Desde el ámbito municipal, la presidenta Yozajamby Molina Balver expresó repudio al acto y llamó a la población a denunciar, recordando que las instituciones deben responder incluso cuando se trata de quienes estudian justicia .
Este caso no se trata solo de una mascota muerta de forma atroz. Es una falla ética y legal que sacude la confianza pública. Permitir que estudiantes de criminología, destinados a ser guardianes del marco legal, cometan atrocidades socava la credibilidad del sistema penal y educativo. Si no hay consecuencias, se refuerza una cultura en la que escándalos como este se disfrazan de juventud o jovialidad, y donde la justicia se desvanece en excusas.
La exigencia es clara: la Fiscalía debe actuar con rapidez y responsabilidad, vinculando a proceso a los estudiantes, al docente presente y a cualquier autoridad universitaria que permitiera el acto. No es solo una cuestión legal, es una prueba moral de que en Guanajuato no se tolera la impunidad ni el abandono de la compasión.
Ni teoría ni práctica puede enseñar que hacer sufrir a un ser vivo es aceptable. Si la formación en criminología no alerta ante una conducta criminal, falla su propósito fundamental. Dejar pasar este evento como una “broma escalofriante” es abrir la puerta a futuros funcionarios con mentalidad criminal. En esta ecuación, quedarnos callados no es opción.
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