León.- La maestra es investigada por presunto abuso sexual, físico y psicológico contra al menos seis menores de edad. Los hechos ocurrieron en el jardín de niños “Juan Enrique Pestalozzi”, ubicado en la colonia Vibar de León.
Las familias de los niños afectados ya presentaron sus denuncias ante la Fiscalía General del Estado de Guanajuato acusando a la maestra de abuso sexual, así como a la directora del plantel por upuesto encubrimiento.
De acuerdo con los testimonios, los hechos habrían comenzado a salir a la luz en mayo, cuando varios niños empezaron a mostrar cambios de comportamiento, miedo a asistir a clases y señales físicas de agresión. Las madres y padres, al compartir sus experiencias, descubrieron que sus hijas e hijos narraban situaciones similares: juegos forzados con connotaciones sexuales y agresiones dentro del aula, presuntamente cometidas por la misma docente.
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Los padres señalan que los menores describieron actividades como “el juego del pato”, en el que se realizaban tocamientos inapropiados, así como castigos que incluían golpes en el estómago. Las familias afectadas interpusieron varias denuncias ante el Ministerio Público, pero aseguran que la directora del plantel minimizó los hechos y permitió que la maestra señalada solicitara un permiso sin goce de sueldo. Desde entonces, tanto la maestra como la directora se encuentran desaparecidas.
La Fiscalía General del Estado confirmó que mantiene abiertas carpetas de investigación por los hechos denunciados y que se están recabando pruebas y testimonios. Hasta ahora no se han emitido órdenes de aprehensión ni se ha informado sobre avances concretos del caso. Tampoco se ha determinado si el jardín de niños será intervenido o cerrado de forma temporal.
El caso ha generado preocupación en la comunidad y ha provocado llamados de organizaciones civiles para reforzar los protocolos de detección y actuación ante posibles casos de abuso en planteles escolares. Las familias exigen justicia y acompañamiento profesional para los menores, así como garantías de que los responsables serán localizados y sancionados conforme a la ley.
Las autoridades educativas y judiciales enfrentan ahora una creciente presión para esclarecer los hechos y prevenir situaciones similares en otras instituciones del estado.
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FN